Pablo Bustinduy (Consumo) exige a las grandes superficies introducir una etiqueta en braille obligatoria

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso decisivo para reforzar la accesibilidad en el consumo, iniciando el proceso para aprobar una normativa que obligue a incorporar etiquetado en braille en determinados productos. Esta medida busca corregir una carencia histórica en los supermercados y grandes superficies, donde las personas con discapacidad visual encuentran importantes barreras a la hora de identificar artículos básicos.

El proyecto, que se encuentra en fase de información pública, abre la puerta a que ciudadanos, empresas y organizaciones presenten aportaciones antes de su aprobación definitiva, en un proceso que se prolongará durante varias semanas. La intención del departamento dirigido por Pablo Bustinduy es que la futura norma sea lo más completa posible, incorporando las necesidades reales de los consumidores afectados.

La iniciativa no solo responde a una cuestión de inclusión, sino también de seguridad, especialmente en el caso de productos que contienen alérgenos o sustancias potencialmente peligrosas. Desde el Ministerio se subraya que el acceso a información clara no puede depender de terceros, sino que debe ser un derecho garantizado para todos los consumidores.

Qué productos deberán incluir información en braille

El alcance de la futura regulación se centrará especialmente en aquellos productos que pueden suponer un riesgo si no se identifican correctamente, como alimentos con alérgenos o artículos de uso cotidiano que contengan componentes peligrosos. Esto incluye desde productos alimentarios hasta cosméticos o productos de limpieza.

La etiqueta en braille deberá proporcionar información esencial como el tipo de producto, su marca o las advertencias relevantes, incluyendo posibles riesgos para la salud. También se incorporarán datos clave como la fecha de caducidad o consumo preferente, lo que permitirá a las personas con discapacidad visual realizar una compra más autónoma y segura.

En aquellos casos en los que el envase no permita incluir esta información directamente, se contemplan soluciones alternativas, como etiquetas adicionales adheridas al producto. El objetivo es que la limitación física del embalaje no se convierta en un obstáculo para garantizar el acceso a la información.

El papel clave de las grandes superficies

La normativa afectará de forma directa a las grandes superficies comerciales, especialmente aquellas que superen determinados tamaños, lo que pone el foco en supermercados, hipermercados y otros establecimientos de gran formato. Estas empresas deberán adaptarse a los nuevos requisitos para garantizar la accesibilidad en sus puntos de venta.

Además del etiquetado, las superficies comerciales estarán obligadas a ofrecer atención personalizada a quienes lo soliciten, facilitando así el proceso de compra. Esta medida busca complementar la información en braille con un apoyo humano que permita resolver dudas o situaciones específicas.

El cambio no solo implicará ajustes en tienda física, sino también en el entorno digital, ya que las empresas con venta online deberán incluir la opción de solicitar productos con etiquetado accesible. De esta manera, la accesibilidad se extiende a todos los canales de compra, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo.

Un desarrollo conjunto con el sector de la discapacidad

La propuesta normativa no ha sido diseñada de forma aislada, sino en colaboración con entidades especializadas en discapacidad, lo que refuerza su enfoque práctico. Organizaciones representativas han participado en su elaboración, aportando su experiencia y conocimiento sobre las necesidades reales de los usuarios.

Este trabajo conjunto ha permitido identificar las principales carencias del sistema actual, donde la falta de información accesible limita la autonomía de muchas personas en su día a día. La implicación de estas entidades ha sido clave para definir qué tipo de información debe incluirse y cómo debe presentarse.

El resultado es un texto que busca equilibrar las exigencias técnicas con la viabilidad para las empresas, evitando imponer medidas difíciles de aplicar pero sin renunciar a garantizar derechos básicos. Este enfoque pretende facilitar su implantación efectiva una vez que la norma entre en vigor.

Más allá de la accesibilidad: impacto en el consumo

La introducción del etiquetado en braille supone un cambio relevante en la forma de entender el consumo, incorporando la accesibilidad como un elemento central. No se trata únicamente de una adaptación puntual, sino de una transformación en la manera en que las empresas se relacionan con sus clientes.

Este tipo de medidas también puede tener un efecto positivo en la imagen de las compañías, que verán reforzado su compromiso con la inclusión y la responsabilidad social. En un contexto donde los consumidores valoran cada vez más estos aspectos, la accesibilidad puede convertirse en un factor diferencial.

Al mismo tiempo, la norma abre el debate sobre otras posibles mejoras en la información al consumidor, como el uso de tecnologías complementarias o sistemas digitales accesibles. El etiquetado en braille podría ser solo el primer paso de una estrategia más amplia para hacer el consumo más inclusivo.

Un proceso abierto antes de su aprobación

El texto del real decreto aún no es definitivo y se encuentra en una fase clave de participación pública, en la que se recogerán sugerencias y posibles modificaciones. Este proceso permitirá ajustar la norma antes de su aprobación final, prevista en los próximos meses.

Durante este periodo, tanto empresas como organizaciones sociales tendrán la oportunidad de plantear mejoras o señalar posibles dificultades, lo que contribuirá a enriquecer el contenido de la regulación. La intención es que el resultado final sea un marco equilibrado y eficaz.

Si se cumplen los plazos previstos, España podría situarse a la vanguardia en materia de etiquetado accesible en Europa, consolidando un modelo que combine protección al consumidor e inclusión. Con esta iniciativa, el Ministerio busca dar respuesta a una demanda histórica y avanzar hacia un sistema de consumo más justo y universal.