Absuelven a una red de proxenetas chinos porque no hay pruebas que usaran violencia física

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona acaba de dictar una sentencia que absuelve a una red organizada de proxenetas chinos que importaban mujeres de su país a las que obligaban a prostituirse en distintos puntos de Barcelona.

El principal argumento de los jueces es que las decenas de prostitutas que controlaba la organización criminal no sufrían ataques violentos. «Aunque se vieron presionadas por las circunstancias para ejercer la prostitución, ello no significa que las personas que les ofrecieron trabajo en esa actividad, lo impusieran con violencia, intimidación o aprovechando su estado de necesidad», dice el texto.

Organización criminal estructurada

Esas mismas personas que no «usaron la violencia», según el tribunal, son las que trasladaron a las mujeres desde zonas desfavorecidas de China a distintos puntos de la provincia de Barcelona previo pago de 20.000 euros. La sentencia, a la que ha tenido acceso Economía Digital, indica que una vez en España les retiraron la documentación y las distribuyeron por un total de 30 locales (entre bares, pisos y peluquerías), donde las mujeres se prostituyeron durante meses. Según la calificación del fiscal y los hechos probados que reconoce la sentencia, la red «movía a las prostitutas» según necesidades del mercado entre los distintos locales de Barcelona, Sant Adriá, Castelldefels y Manresa.

Una testigo «desprotegida»

Una de esas mujeres, que obtuvo la condición de testigo protegido, detalló cómo fue captada en su país. Cómo fue trasladada a España vía Grecia y Turquía previo pago de 20.000 euros y cómo, en Barcelona, se vio presionada para ejercer la prostitución sin posibilidad alguna de denunciarlo. Su situación lo impedía ya que era una mujer indocumentada, sin permiso de trabajo, ni de residencia lo que la situaba en una situación de total desvalimiento ante las autoridades españolas.

«A ellas no les gustaba prostituirse»

El propio tribunal reconoce que «sin duda, las circunstancias de encontrarse sin documentación fueron una presión para aceptar algo que no les gustaba pero conviene tener en cuenta que las mujeres no estaban privadas de libertad y que podían haber acudido a las autoridades chinas o españolas para poder eludir la prostitución».

Las dos muchachas menores de edad (16 y 17años) que declararon en la fase de instrucción del caso han desaparecido y la prostituta que se acogió a la condición de testigo protegido con la calve XX202 reconoció, entre otras cosas, que la organización las drogaba con ketamina. Esta mujer tampoco acudió a la citación judicial. Estos hechos demuestran, en opinión del fiscal, el estado de miedo en el que la organización sometía a las mujeres bajo su control.

El fiscal, habló en el juicio de red organizada y pidió para los 18 imputados un total de 190 años de cárcel. La sentencia les impone en conjunto menos de 5 años y sólo por un delito de falsedad y otro contra la salud pública. La fiscalía esta estudiando la presentación de recurso contra esta sentencia que tiene fecha del pasado día 5 de febrero.