Colau, en un pleno municipal. EFE/Quique García

Ada Colau, ahora acusada de prevaricación por la multiconsulta

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Una de las empresas que aspiraban a asumir la logística de la multiconsulta acusa a Ada Colau de malversación y prevaricación

Barcelona, 09 de abril de 2018 (19:15 CET)

La multiconsulta que planea el gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona sigue acumulando denuncias. Ahora, es la empresa 3CS Cambios Estratégicos, una de las que aspiraba a recibir el encargo de la logística del proyecto, la que ha denunciado al ejecutivo de Colau por prevaricación y malversación ante la fiscalía, que ya tiene abierta una investigación relativa a la cesión de datos personales para la celebración de la consulta.

3CS, con sede en Madrid y Andalucía, ya denunció al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público el procedimiento abierto para adjudicar la logística de la consulta al entender que el pliego de cláusulas perjudicaba a las empresas que se presentaran de fuera de Barcelona. El tribunal suspendió la consulta de forma cautelar y la reacción del consistorio fue cancelar el concurso y anunciar que renunciaba a externalizar el servicio y que lo asumiría con recursos propios para poder cumplir con el calendario previsto, que implica celebrar la multiconsulta entre mayo y junio.

Irregularidades y encarecimiento

La empresa entiende que la decisión de dar carpetazo al consurso se tomó sin seguir los pasos legalmente establecidos, y advierte que también que ha comportado un encarecimiento del servicio, que en la licitación se estimaba de forma inicial en 759.216,66 euros más IVA (918.652,16 en total). En la denuncia, se toma como referencia del incremento del coste la decisión tomada en la comisión de gobierno en enero de aprobar una modificación de crédito de 1,5 millones de euros.

La denuncia se suma a los diversos frentes judiciales que ya tiene abiertos Colau a raiz de la consulta. Por un lado, las diligencias abiertas por la fiscalía a raiz de una denuncia presentada por la Asociación por la Transparencia y la calidad Democrática (ATCD) contra la licitación del Instituto Municipal de Inforrmática para adjudicar los servicios técnicos de la multiconsulta, que incluyen la elaboración del censo de electores. El censo se elabora a partir del padrón municipal y está previsto que puedan votar todos los mayores de 16 años, por lo que la entidad denunciante entiende que el proceso implica la cesión ilegal de datos personales de menores por parte del Ayuntamiento a una empresa privada.

Tres contenciosos contra el reglamento

Además, se han presentado tres recursos contenciosos contra el Reglamento de Participación Ciudadana que se aprobó para hacer posible la consulta. Uno de la delegación del gobierno en Cataluña, otro, de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución y un tercero la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), este centrado en una de las dos preguntas que se prevé incluir en la consulta a petición de entidades de la sociedad civil, la relativa a la posibilidad de remunicipalizar la gestión del agua, ahora en manos de la empresa Agbar. 

El mismo CCIES ha presentado un segundo contencioso, en este caso contra la admisión a trámite de la iniciativa ciudadana para impulsar esa misma pregunta. Agbar y la Sociedad general de Aguas también habían presentado sendos recursos de alzada contra la pregunta sobre la remunicipalización del agua, y que ya ha sido rechazado, según consta en el informe que este lunes por la mañana, y a petición de la oposición, entregó el gobierno a los grupos municipales detallando la sucesión de acciones dirigidas contra el Ayuntamiento a raiz y referidas a la multiconsulta.

El gobierno municipal se considera víctima de un ataque contra la autonomía municipal

El gobierno municipal se considera víctima de un ataque contra la autonomía municipal. La propietaria de Agbar, Suez Environment, forma parte del CCIES, por lo que este lunes, la concejal de Participación, Gala Pin, ha insistido en que tras la "ofensiva judicial" hay "una multinacional que quiere hacer prevalecer sus intereses por encima de nuestro derecho a hacer consultas ciudadanas".

La nueva denuncia, que todavía no constaba en el informe distribuido a los grupos, se acumula sobre la montaña de problemas que ya arrastra la multiconsulta, que será debatida en el plenario municipal de este martes. El pleno llega con la oposición de uñas, incluído el PSC, que votó a favor del reglamento de participación estando aún en el gobierno pero que ahora carga contra la forma en que se está gestionando todo.

Cuatro preguntas a votación

El gobierno municipal someterá este martes a votación las cuatro preguntas que quiere hacer en la multiconsulta. Por un lado, dos de iniciativa ciudadana: ¿Quiere usted que la gestión del agua en Barcelona sea pública y con participación ciudadana? y ¿Está usted de acuerdo con que se cambie el nombre de la plaza de Antonio López por el de plaza de idrissa Diallo como un acto de reparación histórica?.

Por otro, las dos que propone el equipo de gobierno de los comunes. La primera plantea cambiar el planeamiento del solar del hotel del Rec Comtal, donde estaba previsto hacer pisos sociales, por el de zona verde, y la segunda, ampliar la edificabilidad de las zonas no edificadas del 22@ para que la vivienda pública alcance el 30% del total.

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