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El Gobierno se reserva la potestad de destituir a cualquier cargo de la Generalitat si considera que obstaculiza el artículo 155

Ismael García Villarejo

Economía Digital

El director de TV3, Vicent Sanchis, durante en una comparencia en el parlamento catalán. Tres miembros del Consejo del Audiovisual le acusan de menospreciarlos. EFE/Quique García

Madrid, 21 de octubre de 2017 (15:30 CET)

La Moncloa desplegará el artículo 155 en cuanto reciba luz verde del Senado. Es decir, el próximo viernes con efectos a partir del sábado. Al margen de la destitución de Carles Puigdemont y sus consejeros y del recorte de competencias del Parlament, las consecuencias más visibles serán la sustitución en cascada de los altos cargos nombrados por la Generalitat. Y los primeros de la lista serán el comisario mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, y el director de TV3, Vicent Sanchis –junto al resto de la cúpula del ente autonómico CCMA—.

El Gobierno, además, se reserva la potestad de destituir a cualquier cargo de la Generalitat si considera que obstaculiza el desarrollo de las medidas que contempla al artículo 155 de la constitución española, según ha podido saber Economía Digital en fuentes del Gobierno. La fiscalía ya solicitó a la Generalitat el cese de Trapero tras comunicar oficialmente la Audiencia Nacional a la consejería catalana de interior que el comisario mayor está imputado (investigado) por sedición.

El secretario de Estado de seguridad, José Antonio Nieto, tomará las riendas de los Mossos inmediatamente

El Ministerio del Interior tiene el relevo listo. El secretario de Estado de seguridad, José Antonio Nieto, tomará las riendas de los Mossos inmediatamente. La opción de nombrar nuevo comisario mayor a un mando del cuerpo autonómico está sobre la mesa, pero Interior no descarta que sea un guardia civil o policía nacional quien finalmente coordine la policía catalana. El artículo 155 prevé que la desobediencia de los agentes de Mossos d’Esquadra se castigue con “responsabilidad patrimonial, penal o de otro orden”.

Respecto a los medios públicos, el Gobierno pretende con la salida de Sanchis y la presidenta de TV3, Núria Llorach, “garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada” también con la distribución territorial de España; así como “el conocimiento y respeto de los valores contenidos en la constitución española y el estatuto de Cataluña”. Llorach fue interrogada este viernes por la Guardia Civil en relación con la publicidad emitida por el 1-O.

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