Artur Mas pide más dinero para pagar la condena del 9-N

Los imputados del gobierno de Artur Mas agradecen las donaciones a la "caja de solidaridad" por el 9-N, y pide que "no se detengan" las aportaciones

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Artur Mas pidió este viernes «a los catalanes» que no detengan sus aportaciones a la llamada «caja de solidaridad» que se ha creado para hacer frente a las fianzas y otros tipos de multas impuestos por el Tribunal de Cuentas por la organización de la consulta del 9-N. «Esta caja es uno de los mejores ejemplos, no el único, del sentido de unidad que hay en este país», dijo el ex president de la Generalitat.

Mas ofreció una rueda de prensa en los jardines del Palau Robert una semana después de que el tribunal elevara la condena, por la que él y antiguos miembros de su gobierno deberán devolver finalmente 4,98 millones de euros. El incremento más reciente es de 41.831 euros por gastos no contabilizados hasta ahora. En resumen, les han condenado a «todo» lo que les «podían condenar» y encima les piden «más dinero», según Mas.

La ex vicepresidenta de su Govern, Joana Ortega, dio «2,3 millones de gracias» a todas las personas que les han ayudado a pagar las sanciones, con lo que queda claro que aún queda por pagar más de la mitad de las cuentas pendientes. «Lo hecho hasta ahora es útil, sirve y mucho, nos ayuda a los perseguidos a que no perdamos nuestro patrimonio, los pisos en los que vivimos», añadió Mas.

La caja de solidaridad por el 9-N fue una iniciativa de la ANC y Òmnium, pero después empezó a ser gestada por una asociación creada específicamente por este motivo. «La gente no ha mirado partidos, ni carnés, ni siglas, ni las ideas de cada uno, sino que ha actuado de la forma más unitaria posible», celebró el ex presidente catalán, que a su vez, sobre su situación personal, criticó que «técnicamente no está levantado el embargo».

Mas agotará «todos los recursos» ante la sentencia del 9-N

En su última actuación sobre este caso, la Sala de Justicia del Tribunal confirmó la sentencia anterior y constató que quedó probado que la compra de 7.000 ordenadores por parte del Govern de Mas estaba destinada a la finalidad anticonstitucional de celebrar una consulta sin soporte presupuestario constitucionalmente adminisble para tal finalidad. Nuevamente, los acusados recurrirán, según confirmaron este viernes.

Mas anunció que piensa «agotar todos los recursos posibles» ante lo que considera «una injusticia manifiesta». Ortega y la ex consellera de Enseñanza, Irene Rigau, le han acompañado en la rueda de prensa. Todos lamentaron que el mismo tribunal «exculpó» días atrás a «Ana Botella, la esposa del ex presidente del Gobierno, José María Aznar» por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión en 2013.

«Digo esto para situar el contexto en el que estamos y cómo actúa este tribunal», dijo Mas, que añadió que el Tribunal Supremo significa que no se dan «por vencidos, porque es una injusticia manifiesta», y agotarán «todos los recursos», aunque no confían mucho en sus resultados.

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