Así fue el chantaje del Gobierno para forzar la prórroga de la alarma

El Gobierno presionó a gobiernos autonómicos, organizaciones de autónomos y partidos políticos con la caída de ayudas económicas y con fechas electorales

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Ninguna de las presiones que ha ejercido durante los últimos días el Gobierno evitará que Pedro Sánchez se lleve este miércoles un voto de castigo en el Congreso de los Diputados, donde debe convalidarse una nueva prórroga del estado de alarma.

Sánchez se despedirá de la aplastante mayoría de hasta 270 diputados que ha logrado hasta ahora para alargar el estado de alarma y deberá conformarse con 177 votos a favor tras atar a última hora de ayer, martes, los votos de Ciudadanos y de PNV

Sostiene el gobierno de coalición que el estado de alarma es la llave maestra de todas las políticas públicas contra la pandemia del coronavirus. Pero no lo ven así ni buena parte de los partidos de la oposición (particularmente el PP) ni, sobre todo, los gobiernos autonómicos, que exigen el fin de este período de excepcionalidad aunque están dispuestos a conceder el último bonus track de 15 días al Gobierno antes de tomar las riendas de la crisis en sus comunidades.

«En las últimas reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos se ha producido prácticamente un clamor en el sentido de reclamar la devolución de las competencias para gestionar la desescalada. No se trata del caso únicamente de los gobiernos de País Vasco y Cataluña», aseguran fuentes consultadas. El Gobierno va a ceder finalmente y va a compartir con las autonomías la gobernanza del desconfinamiento.

Los manejos del Gobierno

La cuarta prórroga, la que se vota hoy, saldrá adelante en el Congreso, pero lo hará con apoyos bastante más exiguos y tras negociaciones bastante más turbias.

Para lograr los votos, el Gobierno ha tenido que recurrir a todo el peso del Estado, en especial a su dominio sobre los recursos económicos, y también a otros resortes como su poder como el de condicionar las fechas electorales en Galicia y el País Vasco.

«El Gobierno ha sido muy contundente: o sigue el estado de alarma o decaen las ayudas para ERTE y todas las prestaciones que se han aprobado en las últimas semanas», explican a Economía Digital.

—¿Y el fondo anunciado de 16.000 millones destinados a comunidades autónomas? ¿Ha tenido que ver en que los barones del PP despejaran el camino para la presumible abstención (todavía está en el aire) que este miércoles llevarán a cabo los populares en el Congreso?

—»Vamos a ver. El fondo de 16.000 millones se va a aprobar mediante decreto y el Congreso debe convalidar ese decreto. El Gobierno está buscando el apoyo del PP porque el PP gobierna varias comunidades autónomas. Pero este fondo no está supeditado al estado de alarma y puede seguir su propio curso», explican fuentes consultadas.

El arsenal político del Gobierno

Lo cierto es que el voto en contra del estado de alarma anunciado por ERC, sumado a la previa confirmación de Pablo Casado de que el PP no iba a dar el ‘sí’ a una nueva prórroga, obligó al presidente del Gobierno a activar todo el arsenal político a su alcance.

Había que lograr los votos necesarios, en especial los de Ciudadanos y los de PNV, y Sánchez no se anduvo con chiquitas. El presidente ordenó a la vicepresidenta Carmen Calvo que despejara el camino con los nacionalistas vascos (interesados en clarificar el calendario de las elecciones en Euskadi) y a Iván Redondo que hiciera lo propio con Ciudadanos.

Pero Calvo tuvo más misiones, puesto que el presidente del Gobierno también le encargó que aflojara a los presidentes autonómicos del PP, en particular a los de mayor peso (el gallego Alberto Núñez Feijóo —que también tiene interés en pactar la fecha de sus elecciones— y la madrileña Isabel Díaz Ayuso), para lograr la abstención de los populares. Con ambos salió airosa, puesto que los dos están conformes ahora con dar una última bala al Ejecutivo para que planifique la desescalada.

La postura de estos barones es la que hace pensar en la abstención del PP, aunque Casado también está muy presionado por bases y cuadros sin responsabilidades de gobierno para romper con Sánchez. El líder del PP se resiste a aclarar su voto pero el Gobierno ha logrado meterlo en un aprieto: o bien se planta ante el partido defendiendo la abstención o bien se planta ante sus barones.

El uso de los autónomos

El Gobierno también trabajó los apoyos a la prórroga al estado de alarma más allá del arco político. Y forzó que las organizaciones minoritarias de autónomos vinculadas a los sindicatos, UPTA y Uatae, lanzaran comunicados adviertiendo de la «auténtica catástrofe» que sería tumbar el estado de alarma.

UPTA, vinculada a UGT, y Uatae, relacionada con CC.OO, presionaron de forma implícita al PP: «Sería incomprensible que partidos políticos que alzan la bandera del trabajo autónomo sean ahora quienes perjudiquen de forma irresponsable a nuestro colectivo». Los autónomos «no olvidarán ni perdonarán que se les deje desamparados y protegidos». 

Fue solo una pieza más de la maquinaria de Sánchez para lograr los apoyos necesarios. Lo ha hecho en tiempo récord. En apenas un día y medio. Suficiente para hacer notar el peso del Estado y transmitir el pánico, por ejemplo, a los pagos aplazados.

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