Cataluña sigue hundida en el ‘bono basura’ pese a la recuperación económica

S&P mantiene a Cataluña y la Comunidad Valenciana en 'bono basura' pese a la recuperación económica que está viviendo el conjunto de España

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Standard & Poor’s sigue desconfiando de la solidez económica de Cataluña. La agencia de calificación continua señalando a la región como el patito feo de las autonomías españolas –junto a la Comunidad Valenciana– después de ser la única que mantiene su bono como basura y, además, tener una «perspectiva negativa» para el futuro.

La situación de Cataluña llama la atención porque sus números económicos son aparentemente buenos. Los últimos datos sobre el PIB de la región recogidos por el Idescat apuntan a que la autonomía creció el 3,4%, cuatro décimas más que la media de España. 

No obstante, la incertidumbre sigue ensombreciendo el horizonte. Sin ir más lejos, el Banco de España aseguraba el pasado mayo que este factor se mantenía entre los mayores riesgos domésticos para la evolución del conjunto de la economía española, a la vez que insistía en la complejidad para medir su incidencia, que dependerá de la «magnitud y persistencia».

A pesar de que S&P mantiene que «el futuro para las comunidades autónomas españolas es esperanzador», porque se han acometido actuaciones presupuestarias correctas, Cataluña no está, ni mucho menos, entre las autonomías a las que se le ha aplicado la revisión al alza.

La incertidumbre sigue ensombreciendo el horizonte en la garantía de la deuda 

Las seleccionadas, en cambio, han sido País Vasco, Navarra, Islas Baleares, Canarias, Galicia, Andalucía y Aragón. Todas ellas tienen además una perspectiva positiva.

S&P mantiene que la recuperación se ha producido por dos aspectos: las laxas condiciones monetarias que han existido en la Eurozona –escenario que continuará con el último anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de mantener intactos los tipos de interés hasta diciembre– y los niveles de crecimiento de España el último lustro.

Por todo ello, la agencia considera que en 2018 las administraciones podrán reducir su deuda y revertir así la tendencia de la última década.

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