Antón Costas (i) y Juan José Brugera, actual presidente del Círculo de Economía. Su documento de reflexión política levantará polvoreda. / ED

El Círculo de Economía apuesta por dar rango constitucional al Estatut

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El Círculo de Economía aboga por el respeto a la legalidad, pero insta a buscar soluciones políticas y no judiciales para el conflicto catalán

Josep Maria Casas

Economía Digital

Antón Costas (i) y Juan José Brugera, actual presidente del Círculo de Economía. Su documento de reflexión política levantará polvoreda. / ED

Barcelona, 28 de mayo de 2018 (17:39 CET)

El Círculo de Economía propone que se eleve el Estatut de Cataluña al rango de norma constitucional en el marco de la propia Constitució española. Este cambio debería ser ratificado por los catalanes mediante un referéndum.

El lobby empresarial que preside Juan José Brugera ha lanzado este lunes un documento de reflexión política de calado. Lo han difundido con motivo de las jornadas empresariales de Sitges que empiezan este jueves. Han invitado a Mariano Rajoy y a los líderes de las principales formaciones políticas españolas aunque, a causa de la moción de censura al presidente del gobierno, su asistencia está en el alero.

Se trata de un documento de reflexión política valiente y duro. El Círculo recuerda que Cataluña es la única autonomía que no ha aprobado su nuevo Estatuto por referéndum. El origen de esta “anomalía” está en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto del año 2006 que previamente habían aprobado por referéndum los ciudadanos. Se recortó el Estatut sin someterlo de nuevo a la consideración de los catalanes. “El hecho de que un tribunal enmiende a posteriori la voluntad popular fue sin duda un error político de gran magnitud”, señalan en el documento de reflexión.

La carencia de respaldo popular al Estatut vigente ha contribuido en gran manera a la “deslegitimación” en Cataluña del actual modelo territorial. Entienden que esta deslegitimación también ha sido “fomentada” por algunas medidas del gobierno y de la administración central así como por decisiones del Tribunal Constitucional.

Cambios legislativos

Ante esta situación, el Círculo de Economía propone elevar el rango legal del estatuto a su función de “norma institucional básica de la comunidad autónoma”, tal como establece el artículo de 147-1 de la Constitución. De esta forma, quedaría despojado de su función de distribución de competencias que correspondería a la Constitución. En cambio, el Estatut se reservaría “cuestiones internas exclusivas como la lengua, la educación, la cultura, el funcionamiento del autogobierno en todos los ámbitos competenciales que le son exclusivos, la reordenación territorial, administración pública, financiación, entre otras”.

Subrayan que esta visión del Estatut como “constitución nacional del territorio” viene avalada por la propia Constitución española. Los cambios legales propuestos deberían ser ratificados finalmente por los catalanes mediante un referéndum.

Círculo de Economía: la vía judicial es “inadecuada” para resolver el conflicto político catalán

Sobre el actual conflicto político catalán, consideran que seguirá “empantanado” mientras no se responda a la demanda de la consulta que reclama una parte de los catalanes. El Círculo de Economía resalta la “importancia del absoluto respeto a la legalidad” en que se funda el Estado de derecho. Sin embargo, añaden que este principio de legalidad tiene que “conjugarse y equilibrarse con el ejercicio del principio democrático que obliga a los poderes políticos a encontrar las vías legales adecuadas para encauzar las legítimas aspiraciones y preferencias de la población”.

El Círculo también indica que la vía judicial resulta “claramente inadecuada para resolver un problema político como el que tenemos”. Abogan por no caer en el fatalismo y por buscar vías para arreglar el conflicto político.

Respecto al modelo de financiación autonómica, proponen una medida para hacerlo “más eficiente y equitativo”: incorporar a las comunidades forales a los mecanismos de solidaridad interterritorial. Este documento generará polémica.

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