La Justicia madrileña investiga si hubo prevaricación en el 8M

El Juzgado de Instrucción nº 51 de la Comunidad apunta al Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, como máximo responsable al permitir las marchas

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Las manifestaciones del 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer levantaron las críticas al Gobierno por dar su permiso ante el creciente número de contagios por coronavirus que se acumulaban a principios de mes. La Justicia madrileña investiga ahora al delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, como responsable de un delito de prevaricación al permitir las marchas. 

La jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha abierto un procedimiento para esclarecer si se incurrió en prevaricación al permitir las «reuniones multitudinarias» después de que «se emitiera el informe sobre el Covid-19», por parte del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades, según revela Voz Pópuli, que ha tenido acceso al auto.

Esta investigación da respuesta a la denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares Pérez. En ella también se apunta al propio presidente, Pedro Sánchez, y al resto de delegados del Gobierno en el resto de comunidades autónomas. 

La jueza señala en el auto de instrucción la condición de aforado de Sánchez ante el Tribunal Supremo, así como ha derivado el caso de los delegados regionales a los juzgados de la comunidad autónoma correspondiente. Es por ello que la investigación se centra en el Delegado del Gobierno. 

Al respecto, la magistrada ha comenzado a «analizar si procede o no incoar diligencias previas» o si «procede su inadmisión». Siguiendo la misma información, la jueza ha adelantado que tiene «serias dudas» de que se trate de un delito de prevaricación, aunque no lo descarta ya que «puede ser ésta o puede ser en concurso con otras». 

En Alemania, donde los casos por coronavirus apenas llegaban a las tres decenas el pasado tres de marzo, el Ejeuctivo de Angela Merkel suspendió todas las concentraciones previstas para el 8-M. En España, entonces, había confirmados más de 440 positivos por Covid-19 y un total de 10 víctimas mortales. 

Unos hechos «excepcionales»

La jueza reconoce que dar salida a la demanda presentada por Valladares «no es fácil». En especial, señala lo «absolutamente excepcional» de los hechos, lo que provoca que no existan precedentes en la jurisprudencia sobre los que basarse. 

«Solo procedería al archivo directo si fuera evidente que los hechos no tienen encaje en un tipo penal» o si «no existiera indicio» en la participación.

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