El caso 3% salta a manos del juez del caso Pujol. EFE

El caso 3% salta a manos del juez del caso Pujol

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La inhibición del juez de El Vendrell por la envergadura de la presunta trama de corrupción provoca que el caso 3% lo instruya José de la Mata

Barcelona, 23 de abril de 2018 (17:38 CET)

El juez del caso Pujol​, José de la Mata, instruirá la causa del 3% en Cataluña que investiga una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública por un total de 175 millones de euros a cambio de mordidas para Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La causa ha pasado a sus manos después de que el juzgado de El Vendrell (Tarragona), sala que instruía hasta el momento el caso, se haya inhibido por la envergadura de la investigación.

Para aceptar la competencia de la Audiencia Nacional, De la Mata explica en su resolución que la red del 3% pudo alterar "la economía nacional" de acuerdo a las 24 adjudicaciones de obra que se investigan.

"Esa cantidad, superior a los 175 millones de euros, encaja cómodamente en los criterios orientadores fijados para determinar la competencia de la Audiencia Nacional", indica de la Mata.

Las "donaciones" o mordidas por esas adjudicaciones se cree que ascendieron al millón de euros y De la Mata entiende que el "monto total de las adjudicaciones presuntamente irregulares" lleva a deducir "el impacto en el mercado de la maniobra criminal", que sustrajo "a los legítimos aspirantes a conseguir contratos de obras y servicios".

Más complejidades en la trama

Al criterio económico, De la Mata añade otras razones para aceptar la competencia. Son fundamentalmente tres: el alto número de investigados, sus sociedades y la necesidad de enviar comisiones rogatorias al extranjero.

A todo esto añade que al haberse producido los hechos en distintas provincias catalanas, en una estrategia concertada, se aconseja “una jurisdicción única para manejar el asunto en su globalidad".

Todo ello, a la postre, con la participación "de un partido político de gobierno (CDC), fundaciones (Catdem y Forum) y de múltiples instituciones públicas (Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona o Consorcio de Educación de Barcelona, entre otros), junto a decenas de empresas de ámbito nacional y autonómico", añade la resolución.

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