La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado este jueves amparo al juez instructor de la causa abierta por el 'procés'

El CGPJ ampara a Llarena ante el "ataque planificado" de Puigdemont

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La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado este jueves amparo al juez instructor de la causa abierta por el 'procés'

Economía Digital

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado este jueves amparo al juez instructor de la causa abierta por el 'procés'

Barcelona, 16 de agosto de 2018 (19:58 CET)

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado este jueves amparo a Pablo Llarena, el juez instructor de la causa abierta por el procés.

El máximo órgano judicial reacciona así ante la demanda presentada contra Llarena en Bélgica por los procesados huidos, encabezados por Carles Puigdemont, lo que consideran una "ataque planificado" a la independencia del magistrado.

Este organismo opina que la demanda, en la que se plantea que el juez ha actuado con falta de imparcialidad y vulnerando la presunción de inocencia, intenta "someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero".

El CGPJ promete que se adoptarán "todas las medidas necesarias" para garantizar la independencia de Llarena, "incluidas las medidas relativas a la integridad económica que proporciona el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Añaden que pedirán al Ministerio de Exteriores y al Ministerio de Justicia que aseguren "la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".

Defensa a Llarena: qué pide el CGPJ

Esta solicitud consiste en intentar que la Abogacía del Estado buque una fórmula para representar a Llarena ante la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat y cuatro de sus exconsejeros. 

El amparo del CGPJ consistirá además en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena y las costas que puedan derivarse de una posible condena.

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