El círculo de Torra y Puigdemont se planta ante ERC:»Que rompan ellos»
El gobierno de JxCat y ERC trata de poner sordina a la grave crisis entre los dos socios para aguantar al menos hasta la sentencia del Supremo
Tanto da que el independentismo esté en pie de guerra fratricida, y que, con la CUP y las entidades limitándose a ejercer de indignados Pepito Grillo, los bandos en conflicto correspondan a los dos socios en la Generalitat, Junts per Catalunya (JxCat) y ERC. En el gobierno de Quim Torra se limitan a pedir a los transeúntes que circulen y hacer como que no pasa nada, a la espera, cada vez más angustiosa, de la sentencia del Tribunal Supremo.
De hecho, si hacemos caso de la versión de la portavoz del govern, Meritxell Budó, a la que nadie ha desmentido, la fenomenal crisis entre ambos socios en torno a los pactos de unos y otros con el PSC en la Diputación de Barcelona (Diba) y en municipios como Sant Cugat ni se comentó en la reunión del consejo ejecutivo celebrada este martes.
Eso, apenas 24 horas después de que la antecesora de Budó como consellera portavoz y de Presidencia, Elsa Artadi (JxCat) admitiera que la búsqueda de la unidad independentista había «tocado fondo». Y pese a que el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, advirtió el viernes de que el acuerdo entre JxCat y los socialistas en la Diba podía tener consecuencias en el govern. Aunque es cierto que los republicanos han levantado el pie del acelerador tras ese calentón de primera hora .
Las palabras, el lunes, del vicepresidente y hombre fuerte de Esquerra en el ejecutivo, Pere Aragonès, ya iban en el sentido de rebajar la tensión y podían entenderse incluso como una descreditación a Sabrià. “Intentar trasladar la falta de acuerdo a los ámbitos en los que sí estamos de acuerdo es una irresponsabilidad”, zanjó. Quizá por eso, Aragonès, según Budó, ni siquiera sacó el tema en la reunión semanal del gobierno.
JxCat, sin prisa a la espera de su reordenación
Sucede que nadie quiere romper la baraja ahora mismo. De hecho, en JxCat no tienen la más mínima prisa. Por un lado, y más allá de que Carles Puigdemont acreditara en las europeas que todavía es un potente activo electoral, los resultados de las citas con las urnas de la pasada primavera y los sondeos no les auguran buenos números en unos eventuales comicios al Parlament.
Y, por otro, y a la espera de que los pronósticos mejoren, el espacio posconvergente está abocado a una reordenación siempre pendiente y en la que tendrán que volver a medir sus fuerzas los sectores moderados más afines al espíritu de la vieja Convergència y el entorno de Puigdemont, que aboga por mantener la línea dura. Así que nada sería más inoportuno que precipitar ahora el final de la legislatura. Fuentes de JxCat resumen el enfoque que los posconvergentes tienen de la crisis de forma lapidaria: «Si quieren romper, que rompan ellos», dicen de los de Oriol Junqueras.
ERC quiere elecciones tras la sentencia
A Esquerra, en cambio, la demoscopia le pronostica que en unas catalanas culminaría su conversión en partido hegemónico, así que no es de extrañar que esté mucho más interesada en finiquitar una legislatura que incluso dentro del ejecutivo se admite que no da más de sí. Pero eso no significa que los de Junqueras quieran partir peras de forma inmediata.
ERC ha encontrado en el pacto JxCat-PSC material de primera para seguir cargando el zurrón de razones de cara a forzar un adelanto electoral, sí. Pero no ahora, cuando la ruptura, por abrupta, desgastaría aún más los castigados ánimos del votante soberanista. Los republicanos abogan, incluso públicamente, por ir a las urnas tan pronto el Supremo emita la sentencia del juicio del procés, que si no propicia un momentum como el que sueña Torra sí podrá ser capitalizada como gasolina electoral. Y la sentencia se espera para pasadas las vacaciones de verano, en septiembre u octubre.
Ese calendario, además, encaja con una cautela planteada por Aragonès: según las fuentes consultadas, el también presidente adjunto de ERC, uno de sus posibles candidatos, junto al presidente del Parlament, Roger Torrent, de cara a unos eventuales comicios catalanes, no estaría dipuesto a presentarse arrastrando otro fracaso negociador con las cuentas de 2020, fracaso previsible visto el precedente con las de 2019. Poner fecha a una nueva cita con las urnas tras el verano evitaría esa mancha, porque no habría tiempo de llegar a negociar antes los presupuestos.
El govern Torra, entre la «represión» y los malabarismos
El problema es cómo aguantar hasta la sentencia, cuando el gobierno ha agotado ya sus argumentos: ni habrá restitución de Puigdemont, objetivo prioritario declarado por Torra y que el expresident dio por descartado ya pública y definitivamente cuando se presentó a las europeas, ni tiene la Generalitat capacidad de interlocución con un Pedro Sánchez que hace muchos meses que ignora a Torra, ni hay ningún otro hilo conductor, ni los socios se soportan. Así las cosas, a Budó le toca, tras cada reunión semanal del ejecutivo, hacer equilibrios cada vez más precarios.
Este martes, con JxCat y ERC estancados en el mismo punto; con la ANC convocando concentraciones de protesta contra los socios del govern, y con el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart -autor del último lema de moda entre la parroquia soberanista, el «lo volveremos a hacer» que lanzó en su alegato final en el juicio en el Supremo-, reprochando a ambas formaciones en una entrevista en RAC-1 su falta de «sentido de estado», Budó aseguró que no pasa nada, que el gobierno es «granítico» y que está «conjurado» para tirar adelante la legislatura.
Y se aferró a la persistencia de la «represión», esta vez aprovechando la coincidencia con las últimas pesquisas de la Guardia Civil en dependencias de la Generalitat y con la petición de la fiscalía de inhabilitar a Torra durante un año y ocho meses por mantener los lazos amarillos.
Corrida esa cortina de humo, llamativo fue también el malabarismo con el que la portavoz respondió cuando se le preguntó por qué el gobierno no tiene opinión sobre el pacto en la Diputación y sí lo tuvo en cambio sobre el pacto en el Ayuntamiento de Barcelona que hizo alcaldesa a Ada Colau -la propia Budó lo tachó de «operación de Estado» y pidió que tuviera «una respuesta de país»-. La diferencia, alegó, es que el asunto del consistorio barcelonés se trató en la reunión del consejo ejecutivo, y el de la Diputación, en cambio, no. Y eso, que circulen, que aquí no hay nada que ver.
Este miércoles, la crisis de confianza entre Junts per Catalunya y ERC se trasladará a la sesión de control del Parlament, donde los grupos de la oposición plantearán al presidente de la Generalitat sus interrogantes sobre la situación política.
