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El Gobierno rechaza cualquier posibilidad de que el 1-O se convierta en una copia del 9N y quiere aplicar la ley hasta el final, con algunas cartas escondidas

Barcelona, 14 de septiembre de 2017 (05:55 CET)

El Gobierno sabe que se la juega. El presidente Mariano Rajoy es consciente de que esta vez, después de todas las aseveraciones sobre la imposibilidad de que el Gobierno de la Generalitat celebre un referéndum de autodeterminación, no puede suceder lo que ocurrió con la consulta soberanista de 2014. El objetivo de Moncloa no es ya impedir el referéndum del 1-O, sino hacer lo posible, con la aplicación de la ley, para impedir una copia del 9N.

Pero ello ha provocado un debate interno en el Ejecutivo, y en el PP, que lidera el propio Rajoy y la vicepresidenta de la Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La orden es que, primero el Tribunal Constitucional, sin apelar todavía a sus atribuciones ejecutivas, y, después, la Fiscalía hagan su trabajo. Sólo eso se considera que puede ser suficiente.

La Fiscalía llamó este miércoles a los 712 alcaldes que colaboran con el 1-0 para que presten declaración, mientras que ha nombrado como policías judiciales a las policías locales para que investiguen sobre el referéndum. Esa orden se ha dado a los Mossos d'Esquadra, para que sean éstos los que ordenen por escrito a las policías locales para que elaboren atestados sobre cualquier preparativo del 1-O.

La Fiscalía ha estrechado el cerco sobre los alcaldes soberanistas, a partir de la policía local

También se ha ordenado a los Mossos a investiguen sobre el referéndum, con un acatamiento inicial por parte del Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Y no se ha dejado de lado el cierre de la web de la Generalitat sobre el referéndum, aunque el gobierno catalán había registrado previamente otros dos dominios, en una especie de juego de niños que no tiene nada de divertido en estos momentos ni para la sociedad catalana ni para el conjunto de la sociedad española.

¿Es excesivo? ¿Se le puede ir de las manos al Gobierno? Ese debate existe en el Ejecutivo, porque se es consciente de un hecho que se suele repetir en Cataluña. El pegamento que puede unir a la figura de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, con su partido Catalunya en Comú, con el bloque independentista, --el gran objetivo del independentismo-- es una confrontación contra el PP.

El propio PSC, ahora unido al bloque constitucional, liderado por Miquel Iceta, probó esa suerte en la campaña electoral de las elecciones generales en 2008 con el lema “Si tu no vas, ellos vuelven”, en el sentido de que si no se iba a votar, el PP lograría de nuevo el Gobierno, entonces en manos del PSOE. Aquella idea, del ahora diputado José Zaragoza, acabó arrasando en las urnas.

Rajoy es consciente de que el pegamento que le puede perjudicar es el que una a Colau con el independentismo

Eso puede ocurrir, porque en Cataluña, durante muchos años, ha calado la idea de que cualquier decisión de un gobierno español que aplique la Constitución puede ser sospechoso de ir contra el autogobierno. Por ello, Rajoy ha descartado aplicar el artículo 155 de la Constitución, por ahora, que supone no la suspensión de la autonomía, sino obligar a un gobierno autonómico a que respete la Constitución. Y eso, en estos momentos, no ocurre en Cataluña.

Rajoy huye de ello. Lo que quiere, según distintas fuentes del ejecutivo y del PP, es “cargarse de razones, de argumentos” a partir de todas las acciones judiciales, con el objetivo de que no haya urnas el 1 de octubre, y que, salvo en algunos ayuntamientos donde no se llegue, todo lo que se produzca sea lo menos parecido a un referéndum legal y homologado.

La preocupación del Gobierno es saber si en España se está preparado para respetar la aplicación de la ley

¿Será suficiente? Rajoy cree que sí. Pero si quedan dudas, si persiste la voluntad del Gobierno de Carles Puigdemont a partir del 1 de octubre, entonces Rajoy “se guarda la carta del 155”, aseguran las mismas fuentes, con la pretensión de aplicar la ley.

La pregunta que se formulan los propios miembros del Gobierno, y expertos en derecho constitucional y en ciencia política consultados es si en toda España, y en Cataluña en particular, se está preparado para afrontar la aplicación de la ley ante lo que se considera una insurrección, tras la aprobación en el Parlament de dos leyes que se han cargado el orden constitucional. No se trata de una broma, aunque el discurso político de Puigdemont, y de las entidades soberanistas ha logrado convencer a una buena parte de la sociedad catalana de que el “autoritario” es Rajoy.

El legado de una dictadura, aunque hayan transcurrido 40 años desde las primeras elecciones democráticas, ha dejado un poso que actúa como un resorte: aversión a decisiones coercitivas, aunque se trate de la aplicación de las leyes de un estado democrático y de derecho. Al margen de eso, lo importante también es ver cómo se refleja en los medios internacionales, y la mayoría, influidos o no por activistas soberanistas, se han pronunciado a favor de que el Gobierno ofrezca una salida política al gobierno catalán, con propuestas concretas. 

La praxis política de Rajoy no casa con esa determinación en la aplicación de la ley, pero el Gobierno no se puede permitir un nuevo 9N. Está en juego la propia imagen de España como estado, y del mismo presidente del Ejecutivo, que tendría serias dificultades para seguir en el cargo. Lo que se disputa en las próximas tres semanas es la propia firmeza de un estado. Esa es la posición en estos momentos del Ejecutivo de Rajoy.

 

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Referéndum 1-O
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