El Estado activa todos los resortes para acorralar a Puigdemont
El Tribunal Constitucional suspende la ley del referéndum del 1-O y los decretos firmados por Puigdemont, sin buscar todavía la vía penal
El Constitucional anula el impuesto de plusvalía municipal. EFE
El Estado ha activado todos los resortes para acorralar al presidente Carles Puigdemont. El Gobierno que preside Mariano Rajoy se ha puesto en manos del Tribunal Constitucional, que en la noche de este jueves admitió a trámite el recurso del Ejecutivo y dejó en suspenso la ley del referéndum. Pero fue más allá, aunque con algunas prevenciones, por el momento. Y suspendió también el decreto de convocatoria del referéndum y el de la composición de la Sindicatura Electoral.
El Constitucional acordó, en el mismo momento, apercibir de forma personal, uno a uno, a los 947 alcaldes catalanes, a 62 altos cargos de la Generalitat, a los mandos de los Mossos d’Esquadra, como Josep Lluís Trapero, y a los medios públicos de la Generalitat. A todos ellos se les recuerda que no pueden participar en la organización del referéndum del 1-O, con la advertencia de que pueden incurrir en responsabilidades penales.
Esa es la apuesta del Ejecutivo español. El Tribunal Constitucional, sin embargo, con esa idea de acorralar a Puigdemont, para que desista en el empeño de 1-O, no dio curso a otra petición del Gobierno. Por el momento. No reclamó el testimonio del propio Puigdemont y del resto de miembros del Govern, lo que supondría iniciar una vía penal. Medidas como esa, en función de cómo reaccione el Ejecutivo catalán, no se quieren tomar antes de la Diada del 11 de septiembre, pero, principalmente, lo que desea el Constitucional, por ahora, es tomar todas sus decisiones por unanimidad.
El Constitucional advierte a todo el Govern, a los Mossos y a medios de comunicación sobre el 1-O
¿Será todo eso suficiente? Rajoy ha tomado ese camino, descartando otras vías más extremas, como aplicar la ley de seguridad. Siempre está a tiempo, en todo caso, según fuentes del PP, que insisten en destacar esa “contención” del jefe del Ejecutivo.
La cuestión es que Puigdemont no ha querido darse por aludido. Mientras el Constitucional comenzaba a actuar, en el Parlament se vivía otro día de broncas y de duros reproches entre los diputados soberanistas y constitucionalistas, abriendo una brecha que será difícil de superar, con una actuación, de nuevo, central del diputado Joan Coscubiela, con su defensa de “los valores democráticos”.
El bloque soberanista respondió a las actuaciones del Constitucional, que comenzó a moverse tras los recursos del Gobierno, firmados después de un consejo de ministros, con la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica. Se trata de una ley de “desconexión” con España, con la idea de que se aplique si ganara el ‘sí’ en el referéndum, para dar pie a unas elecciones de carácter constituyente.
Puigdemont sentencia que España «no es una democracia tal y como la entendemos nosotros»
Ese es el dilema del Gobierno. ¿Qué pasa si Puigdemont y todos sus consejeros deciden ignorar las decisiones del Constitucional? La distancia que se ha producido se manifestó con las palabras de Puigdemont. En una entrevista en TV3, el presidente catalán asumió “la lluvia de querellas y la campaña del miedo”, que, a su juicio, se generará ahora con la activación de los resortes del Estado. Y llegó a afirmar que España “no es un estado democrático”. ¿Con qué argumento? “No vivimos en una democracia tal y como la entendemos nosotros”, sentenció.
Es decir, para el mandatario catalán es según el cristal con el que se mire. Para Puigdemont, la democracia “no tiene nada que ver con los tribunales, con el Constitucional, tiene que ver con estar cerca de la gente”. Y es que el movimiento independentista en estos momentos se ha abrazado al populismo, y, en función del apoyo que logre en las calles pondrá mayor o menor presión al Gobierno, que tiene la responsabilidad de que el estado de derecho siga funcionando.
Lo que ocurrió este jueves, no obstante, no marca de forma definitiva la suerte del referéndum. Mientras el Gobierno pedía al Constitucional la nulidad de la ley y de los decretos, el órgano que preside Juan José González Rivas se limitó a suspenderlos, algo que sucede de forma automática cuando acepta tramitar los recursos.
La maquinaria de la Generalitat sigue adelante y logra en pocas horas 16.000 voluntarios para el 1-O
En los próximos días, sin embargo, irá asumiendo mayores responsabilidades, de acuerdo a sus atribuciones ejecutivas. Fuentes judiciales señalan que se esperará a la próxima semana, porque tampoco se pretende generar una especie de levantamiento de todos los soberanistas y simpatizantes en la Diada del próximo lunes. El argumento que se añade es que, en realidad, se espera algún paso del Ejecutivo catalán.
El Govern mantiene la campaña institucional del 1-O, y ha puesto a disposición de los ciudadanos una web para captar voluntarios. En pocas horas logró 16.000 colaboradores y el apoyo de 560 ayuntamientos, aunque ninguno de los grandes municipios del área metropolitana, con toda la atención puesta en la decisión que tome la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que quiere preservar su figura institucional y ha asegurado que desea esperar todas las decisiones que adopte el Constitucional.
En todo caso, la fuerza del estado de derecho se ha desplegado. La situación es muy diferente a la que se vivió en 2014 con el 9N. Esta vez Rajoy no quiere sorpresas. “No habrá referéndum”, afirmó tras el consejo de ministros.
