El Gobierno limitará los sueldos de los alcaldes pero deja la barra libre en las CCAA

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El Consejo de Ministros aprueba una ley de transparencia que obliga a publicar en internet todos los contratos y subvenciones públicas. Quedan excluidos de la regulación los presidentes autonómicos y la Casa Real

23 de marzo de 2012 (15:04 CET)

El gobierno de Mariano Rajoy anunció este viernes el anteproyecto de ley de transparencia que exigirá a todas las administraciones y empresas públicas a difundir los presupuestos detallados, contratos y subvenciones en Internet. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, explicó que la nueva medida intenta poner a España en el mismo ámbito de transparencia de otros países europeos. La novedad es que, por primera vez, se fijará un techo a los sueldos de los alcaldes, aunque se excluye del nuevo corsé salarial a los presidentes autonómicos y a los miembros de la Casa Real.

El anteproyecto de ley, que se publicará en Internet a partir del próximo lunes para recibir las aportaciones de los ciudadanos, creará una Agencia de la Transparencia que se encargará de tramitar las reclamaciones de quienes se sientan vulnerados en sus derechos para acceder a los datos.

El nuevo mecanismo de control creará un baremo retributivo para fijar un techo en los sueldos de los alcaldes en función del tipo de entidad local, población y circunstancias económicas de los municipios, pero no se establecerá una referencia con los salarios del gobierno central. “Serán baremos lógicos, pero no afectarán a las comunidades autónomas. Sólo a las administraciones locales”, dijo la vicepresidenta.

Las sanciones

Los altos funcionarios que incumplan la nueva legislación deberán someterse al control de los tribunales de cuentas y el incumplimiento reiterado podría suponer la inhabilitación de los altos funcionarios de hasta 10 años. El plazo máximo que tendrán las administraciones púbicas para responder a los ciudadanos es de un mes.

Las multas están contempladas en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que también fija sanciones para quienes incumplan con la reducción de déficit. “Vamos en serio con este tema. Habrá responsabilidad administrativa y penal de parte de los funcionarios públicos”, dijo Sáez de Santamaría.

Responsabilidades difusas

La mayoría de preguntas formuladas por los periodistas asistentes a la rueda de prensa en la que se anunció la medida abundaron en cómo se determinarán las responsabilidades de cada cargo. “Todo está fijado por ley. Habrá que ir a cada norma autonómica para saber quién tiene qué cumplir con qué leyes”, explicó la portavoz del gobierno.

La vicepresidenta también informó que se ha rechazado la petición del gobierno de Navarra de incluir a la Casa Real en el alcance de la nueva norma. “La ley trabaja la transparencia de las administraciones públicas. La Casa Real no lo es”, respondió.

Preguntaba sobre la posible incompatibilidad del nuevo alto cargo de su marido en Telefónica con el suyo, cuyas decisiones afectan a la operadora, Sáenz dijo que la ley de compatibilidad está vigente y que ella debe someterse a su articulado, como cualquier otro ciudadano. Cuando tome decisiones que afecten a Telefónica, se abstendrá.
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