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EEUU declara a Nicolás Maduro «bajo arresto» y será juzgado en suelo estadounidense por narcoterrorismo
Maduro enfrenta la justicia estadounidense por narcoterrorismo tras su captura en Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Europa Press/ Jesus Vargas/Dpa
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra actualmente bajo arresto y será trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por delitos de narcotráfico y corrupción, según han confirmado las autoridades estadounidenses tras la operación militar ejecutada durante la madrugada en territorio venezolano. La intervención de las fuerzas armadas de EE. UU. se enmarca en la aplicación de órdenes judiciales emitidas por el Distrito Sur de Nueva York en 2020.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, recordó que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, quien también fue capturada, habían sido acusados formalmente de conspiración para el narcotráfico y otros delitos graves. «Maduro ha sido imputado por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer estos mismos elementos contra Estados Unidos», indicó Bondi en su cuenta de X.
Bondi aseguró que el matrimonio se enfrentará pronto a la justicia estadounidense en tribunales estadounidenses, subrayando la seriedad de las acusaciones y la intención de EE. UU. de llevar a cabo un proceso judicial completo en su territorio. La medida representa un hito histórico, al ser la primera vez que un presidente en ejercicio venezolano es arrestado y trasladado fuera de su país por fuerzas extranjeras.
Machado celebra la captura de Maduro y llama a una transición democrática inmediata
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha celebrado públicamente la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, afirmando que este hecho marca un punto de inflexión histórico y el inicio de una nueva etapa política en el país. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Machado aseguró que ha llegado “la hora de la libertad” y sostuvo que, tras la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada, Washington ha cumplido su promesa de hacer valer la ley internacional.
Machado defendió que, con Maduro bajo custodia estadounidense, debe imponerse la soberanía popular expresada en las urnas, reclamando a las Fuerzas Armadas venezolanas que reconozcan de inmediato a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Según la dirigente opositora, el dirigente electo debe asumir su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, en un llamamiento directo a oficiales y soldados para que faciliten una transición ordenada.
En su intervención, la opositora subrayó que Maduro enfrenta ahora la justicia internacional por “crímenes atroces” cometidos contra la población venezolana, y se comprometió a liderar un proceso de reconstrucción institucional centrado en la liberación de los presos políticos, el restablecimiento del Estado de derecho y la recuperación económica y social del país. Aunque evitó concretar plazos, Machado afirmó que el país ya ha entrado en una fase de transición y adelantó que habrá novedades “muy pronto” sobre los próximos pasos.
La dirigente insistió en que este proceso necesitará de la participación de toda la sociedad venezolana, tanto dentro como fuera del país, e hizo un llamamiento a los ciudadanos a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la oposición. “Esta es la hora de los ciudadanos que lo arriesgaron todo por la democracia”, recalcó Machado, enmarcando la captura de Maduro como el detonante de un cambio político que, según sus palabras, debe conducir a una resolución democrática y pacífica de la crisis venezolana.
Detalles de la operación militar estadounidense
El senador republicano por Utah, Mike Lee, informó sobre la captura tras una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien confirmó que Maduro había sido arrestado por personal estadounidense. «Los ataques aéreos fueron efectuados para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto«, declaró Lee, sin ofrecer por el momento detalles adicionales sobre la operación.
Cabe recordar que desde 2020, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de Nicolás Maduro. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la captura se llevó a cabo en estrecha colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, lo que marcó un punto de inflexión en la escalada de tensiones militares y diplomáticas entre ambos países.
Desde hace meses, Trump había ordenado el despliegue de buques de combate frente a las costas venezolanas, además de incautar petroleros y amenazar con ataques directos bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. La captura de Maduro se suma a esta estrategia de presión y refleja la determinación del Ejecutivo estadounidense de actuar contra lo que considera un régimen criminal.
Reacciones políticas y legales en Estados Unidos
El arresto de Maduro ha generado críticas entre los senadores demócratas, que cuestionan la legalidad de la operación y advierten sobre posibles implicaciones internacionales. Sin embargo, el senador Lee defendió la acción afirmando que «probablemente se enmarca en la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente».
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó la operación como el fin de un régimen represivo y expresó que «el tirano se ha ido». Según Landau, la captura abre un nuevo amanecer para Venezuela, donde Maduro finalmente enfrentará la justicia por sus crímenes. Estas declaraciones reflejan la narrativa de Washington, centrada en la legalidad de la acción y la protección de sus ciudadanos y activos en la región.
Implicaciones regionales y diplomáticas
La captura de Maduro y los ataques aéreos de EE. UU. han provocado una tensión sin precedentes en América Latina, con potenciales repercusiones diplomáticas y económicas en toda la región. La operación ha desbordado los canales tradicionales de negociación, y varios países vecinos observan la situación con cautela, evaluando el impacto sobre la estabilidad y la seguridad regional.
Por su parte, el gobierno venezolano, representado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha exigido a Estados Unidos una prueba de vida de Maduro y su esposa, mientras denuncia los ataques como una «grave agresión militar contra territorio y población civiles». Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre el estado de salud del matrimonio.
Un precedente histórico en la justicia internacional
La captura y traslado de un presidente en ejercicio a otro país para enfrentar cargos judiciales representa un precedente excepcional en la historia reciente. Analistas legales internacionales destacan que este caso podría influir en la interpretación de la soberanía nacional, el derecho internacional y el alcance de la autoridad ejecutiva estadounidense en operaciones extranjeras.
Mientras tanto, la comunidad internacional permanece atenta a la evolución de los hechos. Organismos multilaterales, gobiernos regionales y organizaciones de derechos humanos siguen de cerca la situación, advirtiendo que cualquier escalada adicional podría agravar la crisis humanitaria y política en Venezuela.
La historia de la operación y los próximos pasos judiciales de Maduro se mantendrán bajo estricta vigilancia global, con el mundo pendiente de cómo se desarrollará el juicio en suelo estadounidense y cuáles serán las implicaciones a nivel regional y diplomático en los meses venideros.
El pliego de cargos: narcotráfico, corrupción y vínculos con grupos armados
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho público en su integridad el pliego de cargos contra Nicolás Maduro, ahora bajo custodia estadounidense, en el que se le acusa de dirigir y proteger una estructura sistemática de corrupción ligada al narcotráfico internacional. Según la imputación, el presidente venezolano habría participado activamente en una red criminal que permitió a élites políticas y militares enriquecerse mediante la colaboración con cárteles de la droga y grupos calificados por Washington como organizaciones narcoterroristas violentas.
El documento judicial no solo señala a Maduro, sino que amplía la acusación a su entorno más cercano, incluyendo a su esposa y primera dama, Cilia Flores, al ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, y a su hijo, Nicolás Maduro Guerra. La Fiscalía estadounidense sostiene que todos ellos mantuvieron vínculos directos con redes de narcotráfico que utilizaban el territorio venezolano como plataforma clave para el tránsito de cocaína, con destino final principalmente en Estados Unidos.
Según la acusación, estas organizaciones criminales operaban con protección institucional, recibiendo cobertura policial y apoyo logístico por parte de altos funcionarios del Estado venezolano. El pliego detalla que los grupos narcotraficantes contaban con escoltas armadas y facilidades oficiales para el transporte de droga, a cambio de importantes beneficios económicos que fluían hacia las estructuras de poder en Caracas.
El Departamento de Justicia también atribuye a Maduro un papel directo en operaciones ilícitas durante su etapa como ministro de Exteriores, entre 2006 y 2008. En ese periodo, habría autorizado la venta de pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes, permitiéndoles mover cargamentos de droga desde México hacia Venezuela bajo cobertura oficial y eludiendo controles internacionales.
En el caso de Cilia Flores, la imputación describe un patrón de corrupción basado en sobornos, asegurando que la primera dama aceptó cientos de miles de dólares para facilitar contactos entre grandes narcotraficantes y altos responsables de la lucha antidroga en Venezuela. Entre ellos figura el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas, Néstor Reverol, en lo que la Fiscalía considera una muestra clara de connivencia institucional con el crimen organizado.
El pliego sostiene que, entre 2004 y 2015, el matrimonio Maduro-Flores colaboró de forma continuada en el tráfico de cocaína, incluyendo cargamentos que previamente habían sido incautados por las propias fuerzas de seguridad venezolanas. Estas operaciones, siempre según la acusación, se realizaban con asistencia de unidades militares armadas, lo que refuerza la tesis estadounidense de que existía una estructura criminal incrustada en el aparato del Estado.
El juicio contra Maduro y su esposa se celebrará previsiblemente en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se iniciaron los procedimientos judiciales en 2020. Allí deberán responder por cargos de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína a gran escala, posesión de armas de guerra y conspiración para atentar contra la seguridad de Estados Unidos. La fiscal general, Pam Bondi, ha reiterado que ambos “se enfrentarán pronto a la justicia estadounidense”, en lo que Washington presenta como uno de los procesos judiciales más relevantes contra un jefe de Estado extranjero en las últimas décadas.
