El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Carmen Calvo, el 17 de octubre en el Congreso. EFE/Ballesteros

El Gobierno pone fecha para trasladar a Franco al cementerio del Pardo

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Calvo anuncia que los restos del dictador se exhumarán el 10 de junio, aunque el Supremo podría paralizar el proceso de forma cautelar

Iván Vila

Economía Digital

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Carmen Calvo, el 17 de octubre en el Congreso. EFE/Ballesteros

Barcelona, 15 de marzo de 2019 (13:39 CET)

El Gobierno sigue adelante con sus planes de exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, y este viernes ha anunciado que serán trasladados el 10 de junio al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde yace también la mujer del dictador. 

El traslado de los restos sigue pendiente de la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Supremo por la familia de Franco, que pidió además medidas cautelares. Pero eso no frena al ejecutivo de Pedro Sánchez, que sigue adelante con su plan y ha optado por poner ya fecha para el traslado y destino para los restos, como explicó la vicepresidenta, Carmen Calvo, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Calvo argumentó que la fecha del 10 de junio se ha seleccionado para que la exhumación no afecte ni a la campaña electoral de las generales del 28 de abril ni a la de las europeas, autonómicas y municipales. Y que si se fija ahora es porque el Gobierno tenía  que culminar el procedimiento.

Pese a tratarse de una decisión ejecutiva, es decir, que corresponde al gobierno de turno, la vicepresidenta llegó a asegurar que, salvo resolución judicial en sentido contrario, el traslado de los restos sería "de obligado cumplimiento" para el gobierno entrante que se forme tras los comicios del 28-A.

La familia del dictador propuso el traslado de sus restos a la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, pero el Gobierno vetó ese destino alegando un informe según el cual eso podría generar problemas de orden público. La familia remitió una carta al ejecutivo insistiendo en ese destino, y presentó un recurso al Supremo contra la decisión del ejecutivo y solicitando además medidas cautelares. El alto tribunal no se ha pronunciado  todavía.

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