El Gobierno ultima su ataque contra los parados defraudadores

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NUEVA LEY

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social

06 de junio de 2012 (18:46 CET)

El Plan Antifraude de la Seguridad Social que el Ministerio de Empleo anunció al comienzo de legislatura comienza a tener forma. Uno de los aspectos más destacados del plan es la reforma del Código Penal que conlleva que penalizará con dureza a los trabajadores y empresas que defrauden a la Seguridad Social.

Técnicos de los ministerios de Justicia y Empleo están a punto de finalizar la reforma del Código Penal. Cuando hayan finalizado las tareas, el Gobierno elevará al Consejo de Ministros la nueva Ley Orgánica con los principales cambios en esta materia.

Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social aseguran que en los próximos días estará dispuesto el nuevo texto, aunque eso sí, no irá al Consejo de Ministros de este viernes. Además, de la Ley Órganica, el Gobierno está preparando también cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que conllevaría una reforma de este calado.

Tolerancia cero

Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que la nueva reforma del Código Penal incluirá sanciones muy duras. “Habrá tolerancia cero con el defraudador”, aseguran. El texto programado introducirá el delito de defraudación a las prestaciones de la Seguridad Social.

Así, casos de trabajadores que no están dados de alta, o por los que se paga menos de lo que se debiera; relaciones laborales a tiempo parcial que en realidad son a tiempo completo; e incluso empresas que no existen pero que dan de alta a trabajadores que pueden, así, optar a prestaciones como el desempleo, serán castigadas con dureza a partir del próximo verano.

Cruce de datos

Otro de los aspectos más llamativos del Plan Antifraude de la Seguridad Social es el cruce de datos para identificar los fraudes. En este aspecto, el Ministerio lleva trabajando varias semanas con la compañía tecnológica SAS, experta en ‘Big Data’ y en la lucha antifraude. La firma SAS tiene varios clientes en todo el mundo, principalmente gobiernos, con los que ya trabaja en esta materia y los resultados son excelentes. Según SAS, en algunos casos el índice detección de fraude se ha elevado de un 10% a un 50%.

Con cifras como estas, y conociendo los numerosos casos españoles de fraude a la Seguridad Social como los ERE de la Junta de Andalucía, el Gobierno español se podría embolsar una cifra muy alta de dinero. Desde el Ministerio de Empleo aseguran que todavía no han hecho estudios económicos al respecto pero fuentes del mercado aseguran que “estaríamos hablando cientos o incluso miles de millones de euros”.

El Gobierno, conocedor de esta situación elevada de fraude, tiene prisa por que salga adelante toda esta reforma y poder recaudar cuanto antes el dinero defraudado.
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