El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. EFE

El juez del 1-O pide al TSJC que investigue al número dos de la Generalitat

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El juzgado solicita al TSJC que investigue al vicepresidente del Govern , Pere Aragonès, y a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Barcelona, 08 de agosto de 2018 (14:12 CET)

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el referéndum del 1-O, pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que asuma la causa contra el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Según informó este miércoles el TSJC, la sala civil y penal recibió el texto al entender que dada la condición de aforados de los investigados, la competencia es del alto tribunal catalán. El balón queda ahora en el tejado de Maria Eugènia Alegret, magistrada del TSJC, que debe decidir si admite la petición.

El exsecretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó fueron detenidos por orden del juez en el marco de la operación de la Guardia Civil durante el registro de la sede de Economía el 20-S del pasado año para intentar impedir la celebración del referéndum del 1-O. Sin embargo, al ser elegidos diputados en las elecciones del 21-D, ambos exceden de las capacidades de la justicia ordinaria. 

Aragonès viajó por Europa en busca de financiación

Paralelamente, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona recibió en julio pasado un informe de la Guardia Civil en el que le pedía que siguiera el rastro del coste de seis viajes que efectuaron entre 2016 y 2017 exaltos cargos del Govern, entre ellos el actual vicepresidente Pere Aragonès, ante las sospechas de que su propósito era buscar formas de financiación exterior de una Cataluña independiente.

"Se ha podido determinar que todas estas reuniones tuvieron como principal objetivo tratar cuestiones vinculadas con la futura financiación exterior de una Cataluña independiente", advertía el cuerpo, que considera que esos pagos podrían implicar un delito de malversación pública.

El informe hacía referencia a seis viajes a Irlanda, Flandes, Londres, Noruega y Eslovenia -en dos ocasiones-, en los que participaron, entre otros, Aragonès, Salvadó, el exconsejero de Exteriores Raül Romeva -encarcelado por rebelión- y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo -también imputado--.

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