El juez Vidal insiste en las graves ilegalidades de la Generalitat

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El juez Santiago Vidal ratifica que la Generalitat captó ilegalmente los datos fiscales de millones de catalanes, entre otras actuaciones irregulares, para preparar la independencia

Santiago Vidal, exjuez y exsenador por ERC, durante una conferencia. / EFE

Barcelona, 27 de enero de 2017 (09:04 CET)

El juez --suspendido desde hace dos años por la redacción de una constitución catalana-- y senador de ERC, Santiago Vidal, hace saltar la liebre de las prácticas totalistas de la Generalitat. El jurista, asesor del consejero catalán del ramo, se ratifica en las declaraciones en las que aseguraba que el gobierno autonómico tiene en su poder los datos fiscales de la población, entre otras presuntas irregularidades.

Lo hace después de que el secretario de hacienda, Lluís Salvadó, tildase de "absolutamente falsas" estas palabras, informa Ara. También el portavoz de los republicanos, Sergi Sabriá, defendió que el trabajo del Ejecutivo siempre es "escrupulosamente legal y absolutamente transparente", aunque sin hacer una referencia directa a las palabras de Vidal. En unos términos parecidos se expresó Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, a través de su perfil en Twitter.

En la mañana de este viernes, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, ha calificado de "inaceptales" las declaraciones, además de "muy graves porque son falsas". Sin embargo, en una entrevista con Catalunya Ràdio, Munté no ha pedido explícitamente a ERC la dimisión de Vidal, aunque ha invitado a los republicanos a reflexionar si ciertas actuaciones "suman o restan".

A pesar de estos desmentidos y la tormenta política generada, el juez Vidal insiste en la veracidad de su relato. Y lo enmarca en el contexto actual del proceso soberanista, necesitado de nuevos acicates. "Hace falta generar ilusión y hacer ver que se están haciendo cosas", señala Vidal.

Asesor de Puigdemont

Más allá de las implicaciones para su partido, que todavía no ha manifestado si tomará alguna medida disciplinaria contra Vidal, el asunto pone en un auténtico brete a Carles Puigdemont. Más allá de su protagonismo como una de las caras más conocidas del independentismo, Vidal ejerce desde hace meses como asesor del consejero de justicia, Carles Mundó.

Las palabras del juez, además, echan por tierra uno de los mensajes fundamentales de la Generalitat y del resto de actores del independentismo, como es la supuesta legalidad y total corrección formal de los pasos emprendidos por el soberanismo hasta el momento.

Datos fiscales de la población

En 2015, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió a Vidal como juez, por un periodo de tres años, por redactar el borrador de una constitución catalana. Desde el pasado noviembre, en calidad de senador de ERC, ha pronunciado diversas conferencias sobre la independencia de Cataluña. En una de estas charlas, Vidal dijo a los asistentes que la Generalitat "tiene todos vuestros datos fiscales.

"Esto es ilegal" –reconoció el exmagistrado- porque están protegidos por la ley de bases de datos del gobierno español. Pero "no somos tontos", "porque ya sabemos que no nos lo facilitarán de manera voluntaria. Esto nos servirá también para el censo electoral". Vidal no explicó cómo habían conseguido estos datos, pero sí precisó que se habían obtenido "de manera absolutamente ilegal". 

Control de los jueces

En otra conferencia, Vidal dijo que "de los 801 jueces españoles en Cataluña sabemos perfectamente cuáles comparten nuestros sueños e ideales. Sabemos perfectamente cuáles se quedarán y cuáles se irán. Tenemos perfectamente diseñada la estructura judicial de la república. Para el día siguiente ya sabemos con qué jueces podemos contar". El magistrado añadió que se había realizado un exhaustivo "trabajo de campo".

A estos jueces se les exigirá el nivel c de catalán, según afirmó Vidal. Por supuesto, lo primero que hará el "Tribunal Supremo de la República Catalana de aquí a un año, o año y medio, será archivar todas las causas del 9N". En estas causas están imputados Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs. El exjuez indicó que "copiamos básicamente el modelo de Dinamarca".
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