El Parlament consuma su desafío independentista

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El desafío secesionista

Artur Mas, con la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté / EFE

en Barcelona, 09 de noviembre de 2015 (12:31 CET)

Ha sido cosas de poco más de dos horas. A las 10.00 horas de este lunes se inició la sesión parlamentaria. Antes de las 12.30 ya se había aprobado la propuesta por la que se da el pistoletazo de salida a la nueva república catalana, se desconecta de España y se acuerda hacer caso omiso de la legalidad española y de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

La propuesta fue votada punto por punto y, aunque en alguno de los apartados se registró una abstención, la resolución fue aprobada por 72 votos a favor, los 62 de Junts pel sí y los 10 de la CUP, contra 63 emitidos por Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya sí que es pot.

Banderas españolas

Al terminar la votación, los diputados independentistas se pusieron en pie e irrumpieron en aplausos, mientras que los parlamentarios del PP sacaron enormes banderas españolas y senyeras y las exhibieron ante el hemiciclo.

Las fuerzas secesionistas ya han perpetrado su amenaza al oficializar esta resolución. Ahora la pelota está en el tejado del presidente español, Mariano Rajoy, que tendrá que decidir qué medidas toma para frenar el desafío secesionista.

Recurso al Constitucional

El Consejo de Ministros se reunirá el miércoles, tal y como ha avanzado Economía Digital, tras recibir el preceptivo informe del Consejo de Estado. El Gobierno llevará la resolución aprobada por el Parlament al Tribunal Constitucional.

Los jueces pueden tomar medidas contra los diputados díscolos que no acaten sus resoluciones gracias a una reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En consecuencia, los magistrados podrán inhabilitar o multar a los parlamentarios independentistas que se nieguen a cumplir sus sentencias.

Otras alternativas

Pero Rajoy tiene otras opciones que ya se empiezan a barajar como la de tomar el control de los Mossos d'Esquadra o la de cortar el grifo de la financiación a la Generalitat de tal manera que el Govern, que está en la ruina económica, se vea incapacitado para pagar a sus funcionarios. 

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