El PP deja de existir en Valencia

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La Operación Taula deja al PPCV al borde del colapso ante una sociedad que ya no confía en ellos

Rita Barberá, senadora y ex alcaldesa de Valencia

Valencia, 29 de enero de 2016 (01:00 CET)

A toro pasado la presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, sólo se le ocurrió anunciar el jueves que presentará una demanda judicial  contra los imputados por perjuicios al partido. Nada más. Esa es toda la explicación ante los más de 178 imputados por corrupción que tiene el PP en la Comunidad Valenciana.

Incluso actuarán contra Rita Barberá si es imputada. No son capaces de marcar las líneas rojas que al menos tenía Alberto Fabra. No hay nadie con autoridad suficiente para ello, porque hasta Bonig es una persona muy vinculada a Barberá, que la colocó como secretaria general. Y es que tratar de inculpar a Barberá se ha convertido en el mantra que repiten medios, la UCO y los partidos hoy gobernantes.

Partido destrozado

Y es que la Operación Taula ha supuesto un mazazo tan considerable a la imagen del PPCV que hasta sus mayores partidarios y dirigentes reconocen que va a ser muy difícil salir de esta, ni siquiera con una gestora o anunciando una renovación del partido.

Aunque el volumen económico de todas las trapisondas que irán apareciendo sea menor que otros casos de corrupción que hay en España, resulta que llueve sobre mojado. No hay mes que no aparezca un caso de prevaricación, financiación ilegal o blanqueo de dinero del PPCV.  Y eso ha destrozado el partido.

Cordón sanitario contra el PP

Los empresarios Vedri, Lujan y Turró y los políticos Alfonso Rus, Máximo Caturla y LLopis declaraban ayer por la tarde en el juzgado 18 de los de Instrucción de Valencia, para pasar posteriormente disposición judicial. Y con ellos siguen desfilando otros imputados, mientras siguen los registros de la Guardia Civil.

Y en la sociedad valenciana seguían preguntándose qué ha pasado en los últimos años para que un partido que ganaba elección tras elección en ayuntamientos y Generalitat haya acabado como ha acabado. Con casi doscientos imputados y arrastrando a un número importante de empresarios que atendían la obra pública desde los tiempo de Lerma en el Consell.

Pero lo peor para el PPCV es que la Operación Taula los fija como apestados en la sociedad valenciana. El cordón sanitario que han querido imponer Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel ahora es postura común de gran parte de la sociedad. ¿Quién va a confiar ahora en un político del PP, aunque los haya honrados y capaces?

La caída electoral

El PPCV sacó en 2011 el 48,6 % en las elecciones autonómicas (1.121.111 votos) y en 2015 cayó hasta el 26,25 % (653.186 votos). Y en las generales de 2011 llegó al 53,3 % (1.388.465), frente al 31,30 de los votantes (837.055). ¿Cuántos sacaría ahora? ¿Cómo frenar esta debacle que propician sus propios dirigentes?

Ahora todos culpan a los imputados, como si no supieran cómo funcionaban las cosas en el PPCV. Al igual que los empresarios investigados, que han trabajado con las administraciones desde hace treinta años.

De hecho la policía judicial va a interrogar a más de cincuenta militantes del partido que ayudaron al blanqueo del dinero de las comisiones. Y es que el principal objetivo de la UCO es demostrar la financiación irregular del PP en las sucesivas campañas electorales.

Compromìs y otros partidos hacen circular por las redes bromas sobre las victorias electorales de Camps gracias a la cantidad de dinero del que disponía.

Desconfianza social

Cualquier cosa que diga ahora el PPCV en las Cortes o en los ayuntamientos donde ejerce de oposición es valorado negativamente porque la credibilidad del partido ha caído bajo mínimos. El portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas, Ruben Ibañez, ha descalificado la presentación de un recurso de Ximo Puig contra los Presupuestos Generales del Estado. Y en la bancada gubernamental ni siquiera les merece considerarlo.

Y tras el pánico que se ha extendido entre los empresarios, porque unos y otros han tenido mejores y peores relaciones con los gobiernos y ayuntamientos del PPCV, este partido tiene muy difícil volver a mantener una relación fluida con los agentes sociales. Y encima Bonig, hace cuatro días se dedicó a criticar a José Vicente González, patrón de patrones en la Comunidad Valenciana (presidente de la Cierval) ¡Que papelón!!

Gestora y diputaciones

En Valencia se da por seguro una gestora que dirija el partido porque todos los cuadros están imputados. Pero en la provincial permanece Vicente Betoret, que fue la mano derecha de Alfonso Rus en la organización del PPCV hasta su imputaciones hace un año. ¿Qué pasará?

Se prevé un vacío de poder orgánico porque Madrid no está ahora para mayores bromas. Y mientras tanto en Alicante todo el poder será para Cesar Sánchez, alcalde de Calpe y presidente de la Diputación, con un lío importante por haber nombrado a dos imputados para cargos de confianza. Y en Castellòn Javier Moliner, también presidente de la Diputación. Isabel Bonig gobierna poco el partido, ella que proponía al PSOE que cambiara la alianza de Compromís con un pacto con el PPCV.

Y aunque ninguno de los dos cuenta con las simpatías de la militancia por las purgas que han hecho en el partido, van a convertirse en los poderes fácticos porque controlan presupuesto. Aunque como Puig y Oltra lo saben seguro que pronto aparecerá la ley de Coordinación de las diputaciones par arrebatarles poder. Y es que a perro flaco todo son pulgas.
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