Albert Royo, durante su declaración de este miércoles en el juicio del 'procés'. Foto: Tribunal Supremo

El Supremo, el Diplocat y los observadores que nunca estuvieron ahí

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El exjefe del Diplocat admite que gastó 40.000 euros en expertos internacionales que supervisaron el 1-O, pero niega que fueran observadores, como se vendió

Iván Vila

Economía Digital

Albert Royo, durante su declaración de este miércoles en el juicio del 'procés'. Foto: Tribunal Supremo

Barcelona, 14 de marzo de 2019 (04:55 CET)

¿Recuerdan a aquellos cacareados observadores internacionales del referéndum del 1-O? Pues ahora, a decir de Albert Royo, ex secretario general del Diplocat, que fue quien les pagó el viaje y los alojamientos, resulta que nunca tuvieron como misión esa tarea fiscalizadora, del mismo modo que la declaración unilateral de independencia, la DUI, ya nadie defiende en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo que declarara nada más que la mera voluntad política de sus firmantes.

La cuestión, el meollo, la clave, una vez más, es si está en lo cierto o no ese controvertido refrán catalán que reza aquello de que “el nom no fa la cosa”, un asunto central porque recorre de cabo a rabo la estrategia independentista de al menos el último lustro, sostenida siempre en un uso del lenguaje a la carta en el que las palabras escogidas para referirse a un determinado asunto no solo no tienen por qué coincidir con su denominación oficial, sino que ni siquiera es necesario que encajen con la realidad. Basta con que sean las más convenientes en cada momento para los intereses de quien las escoge.

Enumerar la lista de casos que evidencian esa laxitud léxica que ha caracterizado el procés, desde aquel 9-N que impulsó Artur Mas y que en poco tiempo pasó de referéndum a consulta y de consulta a proceso participativo, resultaría abrumador. Baste con decir que, del mismo modo que el independentismo lleva años exprimiendo los réditos políticos de ese uso extremadamente flexible de las palabras, ahora trata de sacarle partido también en términos legales. Al menos, eso es lo que intentan las defensas y los acusados. Incluidos los que no están procesados en el Supremo, pero sí imputados en otras causas relacionadas, como el mismo Royo, investigado por el juzgado 13 de Barcelona.

40.000 euros en viajes y alojamiento

En virtud de esa condición, el ex secretario general del Diplocat podía negarse a declarar este miércoles, pero prefirió hacerlo. E incluso reconoció que el consorcio publicoprivado que encabezó, y que el 2017 se financió con dinero de la Generalitat en un 87%, pagó 40.000 euros en viajes y hoteles a una de las misiones internacionales desplazadas a Cataluña para supervisar el desarrollo del referéndum .

Con esa admisión, se podría pensar que la fiscalía, tras mucho pinchar en hueso en su búsqueda de dinero público malversado en el 1-O, finalmente le había hincado el diente a algunos billetes. Pero Royo en seguida se remitió a esa letra pequeña que hay que leer siempre con cierta atención si se quiere entender mínimamente el embrollo catalán, y remarcó que el Diplocat pagó, sí, pero no a ningún observador, porque, sencillamente, esos visitantes no lo eran.

Según él, los miembros del llamado Equipo de Investigación de Expertos Electorales Internacionales (IEERT) no tenían como cometido ejercer de “observadores” de la votación, como en su momento repitieron hasta la saciedad líderes, entidades y medios independentistas, sino que eran expertos que acudieron como voluntarios para elaborar un estudio “académico” de la situación política que analizara el contexto y las relaciones entre Cataluña y España, y que estableciera una diagnosis de lo que pasaría en los meses siguientes. 

Royo insistió en que el encargo del Diplocat a la IEERT se efectuó meses antes del 1-O, cuando aún no se sabía si se celebraría o no el referéndum, y que se habría efectuado igualmente con o sin votación de por medio. Una misión de observación electoral, abundó para marcar distancias, se dedica a comprobar si la votación ha sido “justa y transparente”, y “la organiza y la financia una organización que nada tiene que ver con el territorio donde se organiza el voto”. Y, según él, no fue ese el caso. Aquellos observadores que iban a avalar el referéndum y que aparecían hasta en la sopa ahora resulta que nunca estuvieron allí.

Se trata de una constatación que a cualquier votante independentista le debe de sonar tan rabiosamente novedosa, y sorprendente, incluso, como aquella admisión de Joaquim Forn a la que luego se fueron sumando más y más procesados de que lo que pasó el 27 de octubre de 2017 en el Parlament en ningún caso fue nada ni remotamente parecido a declarar la independencia.

Cuando sí eran observadores

Basta, para constatar la novedad, con comparar los términos y los planteamientos de Royo con los recogidos en la nota de prensa del 14 de septiembre de 2017 mediante la que el govern de Carles Puigdemont informaba de que el entonces conseller de Acción Exterior, Raül Romeva, hoy en el banquillo de los acusados, había recibido a la segunda “Misión Internacional de Observación Electoral del referéndum” que había sido acreditada por la Sindicatura Electoral del 1-O, un organismo que después sería desmantelado por orden del Constitucional.

En ese comunicado, que ha desaparecido de la hemeroteca digital de la web de la Generalitat pero que se puede recuperar en la biblioteca digital Internet Archive, se recordaba que la ley del referéndum, ya entonces suspendida por el TC, preveía que los observadores internacionales acreditados por la sindicatura podrían asistir libremente “a todos los procesos vinculados a la celebración del referéndum”.

En la misma nota, se añadía que “la presencia de observadores internacionales refuerza la transparencia y las garantías de todas las etapas y procedimientos del proceso referendario” y se remarcaba la amplia experiencia en observación de elecciones y referéndums de los integrantes de la misión, empezando por la líder del grupo, la neozelandesa Helena Catt.

Declaraciones pendientes

Catt, por cierto, estaba citada para este mismo miércoles por la tarde junto con Paul Sinning, responsable del Centro para Estudios Estratégicos de la Haya, que es quien envió un segundo equipo de observadores y que suscribió un contrato con la Generalitat, según declaró Sinning a El País. Pero ambos alegaron no poder asistir, por lo que sus comparecencias se pospusieron hasta el 27 de marzo.

Quedamos, pues, a la espera de sus declaraciones; de saber si la conversión de aquellos observadores del 1-O en unos mucho más genéricos analistas de la realidad catalana colará entre los integrantes del tribunal, y de constatar cuánto tardarán también en mudar de piel los observadores que ahora dice el independentismo que están fiscalizando el juicio en el Supremo. De determinar, en definitiva, si el nombre hace o no la cosa.

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