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España ha sido a lo largo de la historia un Estado benevolente, a diferencia de lo que cree el nacionalismo catalán

Miquel Porta Perales

Analista

Históricamente, España ha sido un Estado benevolente. Contrariamente a lo que cree el nacionalismo catalán / EFE

Barcelona, 14 de marzo de 2017 (05:00 CET)

Históricamente hablando, España ha sido un Estado benevolente. Contrariamente a lo que cree el nacionalismo catalán, la nacionalización de España ha sido débil. España ha sido un Estado escasamente jacobino incapaz de conseguir la unidad de caja, de uniformar el derecho civil, de reunificar las diversas áreas económicas...

Y con Cataluña, el Estado español ha sido generoso. Ahí está un Estatuto (2006) que habla de "los derechos históricos del pueblo catalán", que justifican que Cataluña quiera "desarrollar su personalidad política en el marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España".

A ello, sumad una larga lista de competencias dignas de cualquier Estado federal. ¿Que el Estatuto fue recortado por ese --por decirlo a la manera de la tradición jurídica europea-- legislador negativo que es el Tribunal Constitucional? Previsible. En cualquier país democrático, el Tribunal Constitucional está para velar por el cumplimiento del marco legal. El Estado de derecho es eso: cumplimiento de la ley. Incluso, en Cataluña. Y el Estado, en Cataluña, no puede convertirse en una suerte de autonomía al servicio de un Estado catalán in statu nascendi.

El Estatuto de 2006 pretendía justamente eso. Ya lo dijo en su día el Manuel Azaña, que defendió el Estatuto de Núria (1932): parece como si Cataluña estuviera acampada en España con el ánimo de levantar el vuelo cuando pudiera. Y llega el golpe de Estado de Lluís Companys (1934). Manuel Azaña, decepcionado, habla de la Generalitat “en franca rebelión e insubordinación”. Juicio. Condena. Finalmente, amnistía. Benevolente, el Estado. Los nuestro son otros tiempos. Pero, el eco de la Historia persiste.

El Tribunal Constitucional está, en cualquier país democrático, para velar por el cumplimiento del marco legal        

Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña (2013): "El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana. El parlamentarismo catalán tiene sus fundamentos en la Edad Media… el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano".

Aparece el desafío. Y, un año después, la desobediencia: el llamado proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña. Para entendernos, el 9N. El Constitucional suspende el proceso y el astuto Artur Mas desobedece. Las urnas salen a la calle. Y Mas dice que, si bien la idea fue suya, la ejecución se debe a los voluntarios. Valiente, Mas.

Finalmente, el Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña sentencia: multa e inhabilitación para ejercer cargo público durante dos años. El alto tribunal: Mas desobedeció, pero no prevaricó. Sigue la benevolencia del Estado. En este caso, del poder judicial. Por cierto, en el asunto del 9N, ¿se puede desobedecer sin prevaricar? 

Mas desobedeció, pero no prevaricó. Sigue la benevolencia del Estado. Por cierto, en el asunto del 9N, ¿se puede desobedecer sin prevaricar? 

Y ahora, ¿qué?

 

  1. Sigue el victimismo nacionalista: “Una persecución ideológica por ideas que no gustan, las nuestras” (Mas).
  2. La fiel infantería “procesista” organiza una “cacerolada por la sentencia del -N”. El Estado benevolente no suscita complicidades. El populismo nacionalista, sí.
  3. El nacionalismo catalán insiste en un mandato democrático --el referéndum-- que no existe: el Govern no ganó el “plebiscito” y la Generalitat, como reconoce el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, no tiene competencias para  convocar un referéndum de autodeterminación.
  4. El Pdecat que pretende cortar con el pasado, se retrata con los condenados. El Pdecat sigue siendo Convergència.
  5. La sentencia condenatoria ni debilita ni fortalece el “proceso”. Quien sí lo debilita, a la espera de lo que haga el Estado a secas, es la corrupción y la desunión --que persiste-- dentro del bloque independentista.
  6. La imagen benevolente del Estado no apaciguará el fundamentalismo nacionalista. ¿De la desobediencia a la insurgencia?
  7. Mas es un político amortizado, aunque se presente como el líder mártir del “proceso”.
  8. Quizá se convoque un referéndum, que no se celebrará.
  9. ERC --tacticista-- sigue mirando de reojo a la espera del avance de unas elecciones autonómicas que pueden catapultarle al poder en Cataluña.
  10. En definitiva, sigue la ficción. Y no aprenden ni del pasado ni del presente.
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