Carles Puigdemont en la presentación de su consejo para la república en Bruselas, el 8 de diciembre de 2018. EFE/SL
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Hacienda prepara un informe con el que Bélgica no tendría más remedio que extraditar a Puigdemont, investigado por su gestión como alcalde de Girona

Alessandro Solís

Economía Digital

Carles Puigdemont en la presentación de su consejo para la república en Bruselas, el 8 de diciembre de 2018. EFE/SL

Barcelona, 12 de mayo de 2019 (11:26 CET)

La vida de Carles Puigdemont fuera de España podría llegar a su fin y no por su implicación en el referéndum ilegal del 1-O. El ex president fugado a Bélgica es investigado por un caso que precede aquella consulta de octubre de 2017, y el asunto está cogiendo fuerza con un informe que prepara el Ministerio Público que podría ponerle entre la espada y la pared.

En junio de 2017, un primer informe de Hacienda ratificaba algunas sospechas de la CUP, que un año antes había puesto una querella para denunciar presuntas corruptelas en la concesión del contrato de abastecimiento de agua de Girona cuando Puigdemont era alcalde (entre 2011 y 2016). Las sospechas de desvío de fondos pusieron en marcha el caso.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) prepara un informe que apuntaría a que Puigdemont incurrió en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según declaraciones de fuentes cercanas al caso recogidas por El Confidencial. De ser así, el asunto es motivo de extradición inmediata, incluso con las garantías belgas.

El caso contra Puigdemont en su época de alcalde de Girona

El servicio de agua de Girona estuvo desde 1992 en manos de Agissa, una sociedad mixta participada en un 20% por el ayuntamiento y en el 80% restante por inversores privados. La CUP tenía sospechas sobre las anomalías en los procedimientos para renovar la adjudicación de forma continuada. Se hablaba también de pagos falsos.

El primer informe de Hacienda, de junio de 2017, avisaba que la concesión pudo utilizarse para financiar campañas de Convergencia con el desvío de fondos al partido a través de una agencia de publicidad llamada AMR Publicitat. Pero el caso ha avanzado lentamente, hasta que el Ministerio Público decidió enfocarse en unas sospechas concretas.

En 2014, con Puigdemont como alcalde, el consistorio acordó la compra de un fondo de arte con dinero de la concesionaria de agua, una operación de 3,9 millones de euros que fue rechazada por la oposición por considerarla un gasto innecesario. Hacienda sospecha que el ex president aprobó el gasto sin los informes técnicos preceptivos.

También vinculan la compra a la renovación del contrato de Agissa, impulsada por Puigdemont un año antes, sin un informe técnico favorable que la respaldara. Se ha incautado documentación suficiente, tanto en 2017 como en 2018, como para preparar un documento que podría poner en apuros a Puigdemont. Cita las palabras "prevaricación" y "malversación".

Esta causa podría precipitar la extradición de Puigdemont, que hasta ahora ha sido imposible. Los delitos por los que se le acusaría no tienen connotación política y están contemplados en la legislación de la mayoría de países, entre ellos Bélgica. Fuentes dijeron al diario digital que una orden de extradición por este caso sería difícil de esquivar para sus abogados.

Si Juzgado de Instrucción número 2 de Girona emite una euroorden de detención, en el Tribunal Supremo se frotarían las manos. Saben que, si Puigdemont se ve obligado a regresar a España, no solo tendría que dar cuenta de su papel en el caso de Girona, sino que deberá intentar defenderse de las acusaciones de rebelión y malversación en la causa del 1-O.

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