Los diputados de JpC Eduard Pujol y Elsa Artadi, en el Parlament.
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El nuevo fracaso de la vía Sànchez hace aflorar el desencuentro entre ERC, que quiere una investidura efectiva, y JpC, que prefiere dilatar el bloqueo

13 de abril de 2018 (04:55 CET)

La negativa del juez Pablo Llarena al recurso de Jordi Sànchez ha puesto en pie de guerra al independentismo, que ha reaccionado anunciando una querella del Parlament contra el magistrado del Tribunal Supremo por prevaricación. Y también ha hecho aflorar en público las hondas diferencias estratégicas que Junts per Catalunya (JpC) y ERC mantenían con sordina hasta este nuevo fracaso de investidura (el cuarto).

La decisión de Llarena trascendió a primera hora de la tarde de este jueves, a menos de 24 horas del pleno de investidura, que fue desconvocado poco después por el presidente del Parlament, Roger Torrent. A cambio, Torrent ha programado este viernes una reunión de urgencia de la Mesa del Parlament en la que propondrá la querella contra Llarena.

JpC, en tromba

La resolución sublevó sobremanera a JpC, que salió en tromba contra Llarena y, por boca del vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, comparó al juez con Tejero y a sus decisiones con el 23F, mientras la portavoz de la coalición, Elsa Artadi, recurrió a términos tan prudentes como "secuestro", "atentado" y "golpe de estado togado".

Alega Llarena riesgo de reiteración delictiva para volver a denegarle el permiso a Sànchez. El juez sustenta su decisión en que todavía hay, escribe, "sectores" que tienen "un plan de secesión que contempla abordar ilegalmente una legislatura constituyente", y que "no puede eludirse que el Sr. Sánchez ha revalidado su objetivo delictivo integrándose en una candidatura que proclama precisamente continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia".

Alegan los neoconvergentes que, con Llarena, sea quien sea el candidato, puede acabar en prisión

JpC entiende que el magistrado está diciendo "que Sànchez no puede ser candidato porque es diputado de nuestro grupo parlamentario". Es decir, "que los candidatos que integran grupos parlamentarios independentistas no son elegibles", alegó Artadi.

La tesis le sirve a la coalición liderada por Carles Puigdemont para eludir las cuestiones sobre si por fin planteará un candidato que resulte viable, es decir, sin cargas judiciales. Argumentan los neoconvergentes que los planteamientos de Llarena suponen que sea quien sea el candidato, puede acabar en prisión, y que, por tanto, la prioridad ya no es buscar un nuevo nombre que añadir a la ya larga lista de presidenciables propuestos. ¿Y Puigdemont? Artadi insistió en el mantra: "nosotros siempre apostamos por la candidatura de Puigdemont". 

Diferencias públicas

Descartado Sànchez, con el ex president en libertad y coordinando la estrategia desde Alemania y teniendo aún de plazo hasta el 22 de mayo para investir a un presidente antes de que se activen unas nuevas elecciones, en JpC no hay prisa por plantear un plan D.

En lugar de eso, y para disgusto de ERC, prefieren dilatar la situación mientras tratan de minar la imagen del ejecutivo de Mariano Rajoy y el poder judicial y de cargarse de razones a ojos de la comunidad internacional, sin descartar volver a acudir a las urnas. Es el plan que ya se olían los republicanos que les iban a colar los últimos días, y que ahora JpC ha pasado a defender abiertamente.

Puestos a volver a tensar la cuerda, los de Puigdemont siempre pueden contar con la CUP, que este jueves volvió a abogar por investir al ex president. Otra cosa es ERC, que sigue optando por la vía más pragmática, y realista: la de constituir un gobierno cuanto antes.

ERC comparte seguir denunciando las "ingerencias" de Llarena, pero no compran la fórmula de los neoconvergentes

Los republicanos comparten el planteamiento de seguir denunciando lo que consideran "la injusticia del Estado y las gravísimas injerencias" de Llarena en las decisiones que entienden que corresponden al Parlament. Sea ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al que el soberanismo recurrirá por entender que se han vulnerado sus "medidas cautelares", o ante los tribunales, mediante la querella que propone Torrent. Pero no compran la fórmula de los neoconvergentes.

El portavoz parlamentario de Esquerra, Sergi Sabrià, evitó comentar los planteamientos puestos sobre la mesa por Artadi, alegando que lo que toca es "denunciar" la situación generada por la decisión de Llarena, pero se le entiende todo.

La prioridad, una investidura efectiva

La prioridad, dijo, es "no echar a perder el mandato del 21-D" y la mejor manera de hacerlo es abogar por "una investidura efectiva" que no debería posponerse más allá de unos días, para poder dar carpetazo a la aplicación del artículo 155. "Este país tiene una urgencia de formar gobierno porque es más fuerte teniendo el control de los Mossos, pudiendo dirigir sus propios medios de comunicación públicos y gobernando su propia escuela, su sistema de salud y sus servicios sociales", argumentó.

Así (de removidas) las cosas, el grupo parlamentario de JpC planea volver a reunirse con Puigdemont en Berlín para diseñar los siguientes pasos a dar. Aunque sea a distancia, excarcelado y ya sin la espada de Damocles de la extradición sobre su cogote, vuelve a ser el ex president quien lleva la voz cantante en la casa revuelta del soberanismo.

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