Jueces y fiscales, contra la reducción a seis meses de la instrucción de los casos de corrupción

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REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

en Barcelona, 02 de abril de 2015 (20:21 CET)

La asociación Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han criticado duramente  la propuesta de limitar a seis meses las investigaciones por casos de fraude y corrupción que plantea el Gobierno del PP en el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en breve llegará a debate parlamentario.

La ley, elaborada por el titular de Justicia, Rafael Catalá, prevé un límite a las investigaciones judiciales de seis meses, sólo prorrogables a instancias de fiscal.

Una ley que traerá impunidad

El sector progresista de la judicatura y algunos magistrados conservadores pero que instruyen macrocausas de corrupción, alertan de que "precipitar estas investigaciones supone abrir una puerta a la impunidad". Desde la asociación Jueces para la Democracia se recuerda que "los casos de corrupción política o financiera son extremadamente complejos. A veces, una comisión rogatoria tarda meses o años en llegar a manos del magistrado que la ha solicitado".

Además, para garantizar el principio de garantía de defensa, los abogados tienen derecho a "interponer los recursos que pone a su alcance la ley y ese proceso no se puede pervertir ni acortar porque desnaturaliza el propio sentido del Estado de derecho".

Algunos magistrados opinan que este aspecto de la reforma de la ley de enjuiciamiento es "una trampa revestida de garantías".

Los corruptos se frotan las manos

En la Audiencia Nacional (que agrupa los principales macrosumarios de corrupción), la situación es casi de colapso técnico. Cada magistrado lleva a la vez centenares de expedientes de una gran complejidad. Lo mismo sucede en la Fiscalía Anticorrupción, que reclama más medios y más apoyo técnico para soportar una carga tan ingente de trabajo como la que tiene. "Si encima hemos de acortar los trámites de investigación a seis meses, los corruptos van a ser los más y mejor beneficiados porque no tendremos tiempo de acreditar la base probatoria suficiente para procesarlos", ha dicho a este medio una portavoz de la fiscalía.

Hace escasamente un mes, Economía Digital difundía un informe de los Mossos d'Esquadra en el que pedían a un juez de instrucción de Barcelona contundencia en los escritos que enviaban a las compañías telefónicas para la intervención de las comunicaciones de diversos sospechosos porque "en no pocos casos, las compañías han tardado más de un año en ejecutarlas".

A la complejidad procesal de los asuntos de corrupción política o financiera se ha de añadir, pues, lo enrevesada y burocrática de la maquinaria procesal. Parece palmario, en definitiva, que seis meses de investigación dan para muy poco.

El PP apela a las "garantías" de los justiciables

Esta es la situación real del proceso de investigación criminal en los juzgados y tribunales de España. Según los jueces y fiscales consultados, limitar a seis meses prorrogables las investigaciones por corrupción es ignorar cómo funciona el trámite de instrucción penal en España. O eso, o la reforma de la ley de enjuiciamiento obedece a una maniobra para resguardar a ese sector de la sociedad salpicado por la corrupción (delincuencia de cuello blanco) que últimamente acude, recurrente, a sus citas con la justicia.

El proyecto de ley de enjuiciamiento criminal ha llegado ya al Congreso pero difícilmente se aprobará antes de que se disuelvan las Cortes, previsiblemente en otoño, aunque ello dependerá del interés y voluntad del Gobierno en acelerar los trámites. De momento, el texto de la ley propone reducir a seis meses la duración de las investigaciones judiciales y plantea cambiar en término "imputado" por el de "investigado".

Lo que no contempla el actual texto es la creación de órganos judiciales especializados en corrupción ni una agencia tributaria dependiente de jueces y fiscales y no del Ejecutivo, como reclaman policías, fiscales y magistrados expertos en la lucha contra el fraude.

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