Perú suma 55 millones en intereses por retrasar dos años el pago del laudo de 350 millones a ACS
El Estado peruano lleva acumulando 2,2 millones de dólares al mes desde que el tribunal del CIADI dictó su laudo en marzo de 2024
Montaje realizado por Economía Digital.
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El Gobierno de Perú suma entre 50 y 55 millones de dólares en intereses con Metro de Lima Línea 2, consorcio participado por ACS —presidida por Florentino Pérez—, FCC y la italiana Webuild. Este aumento sustancial de la deuda se debe a los dos años de retraso en los pagos del país sudamericano al consorcio.
La condena tiene su origen en la Línea 2 del Metro de Lima. La concesionaria llevó al Estado peruano ante el CIADI alegando retrasos sistemáticos en la entrega de terrenos, impagos de certificaciones de obra y una gestión administrativa que paralizó las máquinas durante meses. El arbitraje les dio la razón.
En marzo de 2024, el tribunal del CIADI dictó un laudo inicial de 400 millones de dólares contra Lima. Pero la historia no terminó ahí. Siete meses después, en octubre de ese mismo año, el propio tribunal admitió errores de cálculo tras un recurso de rectificación presentado por el consorcio y elevó la condena hasta los 456 millones.
El 26 de diciembre de 2024, con los mercados ya cerrados y el año a punto de expirar, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano (MTC) realizó un pago de 106 millones de dólares. La intención era clara: cubrir los daños financieros directos reconocidos a la concesionaria y saldar las costas legales, para al menos detener el devengo de intereses sobre esa parte.
El problema es lo que quedó sin pagar. Los 350 millones restantes, la parte correspondiente a los sobrecostes del constructor, la pieza más voluminosa del laudo, siguieron generando intereses al día siguiente del ingreso, y al otro, y al siguiente.
El tipo impuesto por el tribunal es el LIBOR más dos puntos porcentuales, lo que en el contexto actual del mercado equivale a alrededor del 7,5% anual. Hecha la cuenta: 26 millones de dólares al año, poco más de dos millones al mes, 73.000 dólares al día.
Lima ha apostado fuerte por una estrategia de anulación total o parcial del laudo. La tesis del Gobierno peruano es que el tribunal incurrió en excesos de poder y errores procedimentales graves que justifican una revisión en profundidad. Si el Comité de Anulación del CIADI les da la razón, Perú se ahorraría los 350 millones y todos los intereses acumulados.
Pero hay un problema jurídico de fondo que los escritos presentados el 6 y el 23 de marzo de 2026 han vuelto a confirmar: solicitar la anulación no suspende automáticamente el devengo de intereses.
Además, tal y como avanzó este medio, el Gobierno peruano hizo efectivo el pago de cerca de 24 millones de euros en términos de sobrecostes del contratista. Lo que conllevaría reducir los 350 millones que reclama el Consorcio.
En cambio, las empresas prefieren que esos 24 millones vayan dirigidos al pago de intereses, así no reduce el monto de la deuda y puede seguir generando esos 2,2 millones de dólares mensuales.
La deuda con ACS equivale ya a dos estaciones de metro
Conviene poner los números en perspectiva. Los 55 millones de dólares evaporados en intereses equivalen al coste de liberar los terrenos necesarios para varias estaciones hoy paralizadas, o de financiar la construcción completa de uno o dos intercambiadores de transporte en los ejes más congestionados de Lima.
Y el contador sigue. Si el Comité de Anulación no emite un fallo favorable a Perú a lo largo de 2026, los intereses acumulados desde el laudo original superarán los 80 millones antes de que acabe el año, y rozarán los 100 millones a mediados de 2027.
Para entonces, y si la Línea 2 sigue sin completarse, las previsiones más optimistas apuntan a una inauguración total no antes de 2028, el Estado habrá gastado en intereses de arbitraje internacional casi lo mismo que costaría construir varios kilómetros adicionales de túnel.
