La sala donde se dirime el juicio del 'procés', este martes. Foto: Tribunal Supremo

Juicio del 1-O: sin pistas del dinero y con mentiras bajo juramento

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La imprenta Artyplan revela un enrevesado encargo de Òmnium para imprimir carteles del referéndum por más de 17.000 euros que nunca llegó a facturar

Barcelona, 12 de marzo de 2019 (19:24 CET)

“Sigue el dinero”. A esa divisa recurrente del cine policiaco y el periodismo de investigación desde que Garganta Profunda se lo recomendó a aquel Bob Woodward encarnado por Robert Redford en Todos los hombres del presidente es a la que se ha entregado esta semana la fiscalía en el juicio del 1-O. El problema es que, de momento, tanto el ministerio público como la abogacía del estado, sumada a la causa, no paran de dar vueltas en círculo, porque encargos los hubo, pero ni hay facturas, ni hay cobros, que se sepa.

Así las cosas, el problema añadido para las acusaciones es que hasta la trazabilidad de los encargos resulta espinosa, sobre todo porque los miembros de  la sociedad civil en los que la Generalitat externalizó los preparativos del referéndum no solo están revelando en el juicio un desapego al dinero y al cobro de sus trabajos insólita en los usos y costumbres de empresas y autónomos. Es que, además, esa trama de colaboradores necesarios para eludir la malversación está integrada al parecer por personas físicas con graves problemas de memoria y por personas jurídicas en las que la mano izquierda no tiene ni idea de lo que hace la derecha.

Ya se vio el lunes, cuando toco escrutar el misterio de las cartas dirigidas a los miembros de las mesas del referéndum que interceptó la Guardia Civil. Y los mismos obstáculos volvieron a aflorar este martes cuando tocó hablar de los miles de carteles de publicidad de la consulta ilegal que también localizó el cuerpo  armado apenas un par de semanas antes del 1-O.

Conversación en una cafetería

La jornada en el Supremo resultó inusualmente corta, pero dio para una interesante pieza de teatro del absurdo que tendría como eje una conversación cuyos dos protagonistas no recuerdan igual: la mantenida el 8 de septiembre de 2017 en la cafetería de la librería Laie de Barcelona entre Enric Vidal, diseñador gráfico por cuenta autónoma, y Enric Mary, comercial de una imprenta de nombre Artyplan. Dos particulares formalizando un encargo.

Antes que ellos ya había declarado, por la mañana, otra empleada de la misma empresa, Rosa Maria Sans, jefa de recursos humanos, que explicó que en la ficha del encargo quien constaba como contacto era Òmnium Cultural, y que lo previsto era cobrar algo más de 17.000 euros. Tras el registro de la Guardia Civil del 15 de septiembre, ella mismo ordenó que, dadas las circunstancias, no se imprimiera nada más relacionado con el referéndum. Y, por supuesto, ya nunca se emitió una factura.

Mary añadió luego que el día antes de su encuentro con Vidal le contactó Òmnium, pidiéndole un presupuesto para un encargo urgente de volumen considerable relacionado con el referéndum y sin concretar a quien se le acabaría facturando. Normalmente, era a la misma entidad, que era cliente habitual de Artyplan desde 2004, aunque a veces Òmnium había encargado trabajos que habían acabado abonando la ANC o algún partido político, añadió el testigo.

Versiones incompatibles

Tras el representante de Òmnium, a Mary le llamó Vidal, el diseñador, en relación al mismo asunto, y se citaron en Laie. Fue él, según el comercial, quien le dijo que el encargo era para imprimir el anuncio del 1-O con la imagen de unas vías de tren que se bifurcaban, y que habría que girar la factura a la Generalitat, aunque no llegó a concretarle a qué departamento.

La versión de Vidal es sustancialmente distinta. Según él, el encargo le vino de un tal Toni, tal vez el mismo que contactó con Unipost en relación al encargo de las cartas del referéndum que nunca llegaron a sus destinatarios, y que la fiscalía identifica como el Secretario de Comunicación de la Generalitat, Antoni Molons. Un número de teléfono de prepago le delata, según el ministerio público.

Sea como fuere, Vidal contó que el tal Toni le facilitó el nombre de tres imprentas: Artyplan, Global Solutions y Marc Martí. El diseñador, que admitió ser socio de Òmnium, negó que la entidad tuviera ningún vínculo con el encargo y explicó que de entrada no sabía que los carteles correspondían a anuncios del referéndum y que nunca habló de dinero, ni con ese interlocutor que a saber si es Molons ni con las imprentas, ni supo tampoco quién y cómo pagaría por el trabajo. De hecho, insistió, ni siquiera lo preguntó.

Mentiras y reducción de riesgos

Si seguimos, entre silencios y titubeos, con la deshilachada declaración del diseñador, la decisión final de repartir la tarea a partes iguales entre las tres imprentas la tomó él simplemente porque le pareció “equitativo” y la forma más sencilla de cumplir el encargo, y nunca  supo tampoco quién iba a recoger los carteles. Ni, por supuesto cómo, cuándo o dónde se efectuaría esa recogida. "No era mi cometido" zanjó.

Pero el relato de ambos testigos tampoco es compatible en esos dos últimos puntos, ergo al menos uno de los dos falta a la verdad. Según el empleado de Artyplan, Vidal le comentó que el trabajo se dividiría porque así se reducían riesgos en caso de que la Guardia Civil interviniera, y fue también el diseñador quien propuso puntos de entrega del material, entrega que después se suspendería porque Vidal “tuvo dudas” y en la empresa decidieron pararlo todo.

La pista del dinero sigue sin aparecer y la fiscalía sigue dando vueltas en círculo buscándola. Pero, a base de empeñarse en borrar las huellas, alguien mintió este martes bajo juramento en el Supremo.

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