La Sala de Plenos del Supremo, donde  se dirime  la causa del 'procés'. Foto: Tribunal Supremo
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Empleados de Unipost declaran que las 43.000 cartas que confiscó la Guardia Civil no se enviaron porque nunca hubo albarán ni instrucciones de cómo hacerlo

Barcelona, 11 de marzo de 2019 (20:39 CET)

El de La carta robada es uno de los tres grandes misterios que Edgar Allan Poe hizo resolver a Auguste Dupin, el sagacísimo detective con el que fijó las bases de la narrativa policial y en el que luego se inspiraría Arthur Conan Doyle para parir a Sherlock Holmes. Este lunes, en el Tribunal Supremo, afloró otro misterio, uno de los grandes enigmas sin resolver en la causa del procés, digno de Dupin, o de Holmes. Aunque este no implica una carta desaparecida, sino 43.000 que aparecieron en las sedes de Terrassa y Manresa de la empresa de mensajería Unipost, y de las que nadie sabe nada.

Son las misivas que la Guardia Civil confiscó en los registros efectuados a la extinta empresa de mensajería de la familia Raventós el 19 de septiembre de 2017, apenas 12 días antes del 1.O. Todas llevaban el logo de la Generalitat y estaban destinadas a personas que habían sido designadas como miembros de las mesas electorales del referéndum, que el Constitucional había declarado ilegal.

En los registros, también se encontraron presupuestos emitidos a cargo de cinco departamentos de la Generalitat por una cantidad total de un millón de euros. Pero, aunque las cartas, o al menos una parte de las mismas, llegaron a Unipost, donde fueron incautades, ni consta que esos borradores se llegaran a convertir nunca en facturas, ni, por supuesto, que nadie pagara nada por el encargo.

Este lunes, la fiscalía y la abogacía general del Estado trataron de escudriñar ese misterio, aunque sin éxito. Lo que sí que quedó acreditado con el testimonio de tres empleados de Unipost que desfilaron por la Sala de Plenos del Supremo es que tanto el encargo como la recepción de las cartas por parte de la empresa fueron cualquier cosa menos ordinarios.

Según los tres testigos, las misivas llegaron a la sede central de la empresa , en l’Hospitalet de Llobregat, el sábado 16 de septiembre, tres días antes de ser interceptadas por la Guardia Civil, y fueron trasladadas a Terrassa y Manresa el lunes 18, donde quedaron retenidas a la espera de un albarán y unas instrucciones de reparto que ya nunca llegaron.

Envío urgente

La declaración más relevante fue la de Francisco Juan Fuertes, no en vano era director de zona para Cataluña y Baleares de la empresa de mensajería. Fuertes explicó que la semana del 11 al 17 de septiembre recibió varias llamadas de un tal Toni que dijo hablar de parte de la Generalitat. La fiscalía insinuó que podría tratarse del secretario de Comunicación del Gobierno, Antoni Molons, pero el testigo, que no sabía quién era ese señor, apuntó que siempre creyó estar tratando con alguien encargado de preparar el envío, es decir, con el responsable de la empresa que se encargaría de meter las cartas en los sobres antes y empaquetarlas para hacerlas llegar a Unipost.

Según su relato, Fuertes habló dos o tres veces esa semana con el tal Toni, que le avisó de que estaban preparando el envío y que la idea era repartir las cartas cuanto antes mejor, por lo que el director de zona transmitió la orden de darles prioridad una vez llegaran. Pero, al parecer, hubo problemas, y por eso la remesa no llegó a Unipost hasta el sábado 16.

La recibió el mismo Fuertes, que quedó con el transportista y cargó las cartas en su furgoneta para llevarla él mismo a la central de l’Hospitalet. Según él, porque Toni, que le pidió que las cartas se empezaran a enviar el lunes siguiente, no le avisó hasta el mismo sábado de la llegada del material, así que ya no tenía opción ni de movilizar a ningún otro empleado ni de dar aviso a los servicios de vigilancia de la empresa para que dejasen descargar a un vehículo externo a la compañía.

Sin albarán ni instrucciones

El transportista no presentó albarán ni instrucciones, condiciones necesarias para efectuar cualquier reparto, según reiteraron los tres testigos, pero como la Generalitat era un cliente importante, Fuertes lo recepcionó igualmente, aunque el paquete quedó retenido a la espera de que se completaran esos trámites, aseguró.

Si el lunes a primera hora, el director de zona optó por trasladar los tres o tres palés y medio que ocupaba el material a la sede de Terrassa, es porqué allí había más espacio, mientras que en la central estorbaba y estaba generando comentarios entre el personal en un clima marcado por el ERE ya en marcha en la empresa. Y si ese mismo día, parte de las cartas se trasladaron a Manresa, fue porque, a la espera del albarán, lo que sí se hizo, para avanzar trabajo, fue organizar las cartas en función de las rutas de reparto habitual de la empresa.

Pero, una vez hecho ese trabajo,  el mismo lunes por la tarde, el tal Toni volvió a llamar para anunciar una marcha atrás: las 43.000 cartas, 2.000 de las cuales eran certificadas, no se distribuirían, y ya pasaría alguien a recogerlas. Quien pasó, al día siguiente, fue la Guardia Civil.

Fuertes y sus dos subordinados declararon que no supieron nada del contenido de las misivas hasta que, tras el registro, una de ellas fue abierta en su presencia en sede judicial. Hasta ahora no ha habido constancia de ningún pago del govern por ese envío que no llegó a realizarse, aunque también se encontraron presupuestos, concretamente, cinco, a nombre de sendos departamentos de la Generalitat y en los que se fraccionaba el coste de un encargo, cifrado en 1.012.197 euros, para distribuir 5,3 millones de cartas ordinarias y 56.000 certificadas.

Un enigma de difícil solución

En esta historia hay cosas raras hasta en el registro de la Guardia Civil, que, según los testigos, nunca mostró ninguna orden judicial para efectuar los registros y que se agenció sus ordenadores y teléfonos móviles sin informarles de que, al no estar investigados, podían negarse a entregarlos.

El misterio, posibles irregularidades en la investigación aparte, es de difícil solución. Tal vez  el que era el principal responsable de la empresa, Pablo Raventós, podría aportar luz a múltiples aspectos de los que poco pueden decir empleados que nada tienen que ver con el área administrativa y de contratación de la empresa. Pero Raventós se acogió la semana pasada a su derecho a no declarar porque forma parte de la numerosa nómina de testigos que están imputados en otra causa relacionada con el procés y que por tanto pueden dejar preguntas, incluso preguntas clave, sin responder en el Supremo.

Tampoco ayuda que los fiscales Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, para los que resolver el enigma es clave si quieren sostener la acusación de malversación que pesa sobre todos los exmiembros del gobierno catalán procesados, sigan haciendo preguntas mal enfocadas, cayendo en confusiones y malinterpretando afirmaciones de los testigos. Pero claro, no todo el mundo es ni Auguste Dupin ni Sherlock Holmes.

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