Junqueras compra muy caro a la CUP el desbloqueo presupuestario

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La Generalitat acepta un varapalo fiscal a la clase media al retirar las deducciones a la vivienda que favorecían a 250.000 catalanes

Josep Maria Casas

Oriol Junqueras charla con Carles Puigdemont y Neus Munté durante la sesión de control al gobierno en el parlamento catalán. EFE/Marta Pérez
Oriol Junqueras charla con Carles Puigdemont y Neus Munté durante la sesión de control al gobierno en el parlamento catalán. EFE/Marta Pérez

Barcelona, 10 de noviembre de 2016 (20:10 CET)

La propuesta para incrementar los tipos impositivos a las rentas más altas se ha caído de la lista de medidas fiscales que propone Junts pel Sí. El partido de Carles Puigdemont se ha opuesto y, como no había consenso, ha desaparecido. No obstante, desde el equipo económico del vicepresidente Oriol Junqueras se proponen otras alternativas para conseguir ingresos adicionales.

El gobierno catalán no dispone de competencias para gravar a las grandes fortunas, pero perseguirá a las empresas que practiquen la elusión fiscal con la compra de viviendas, automóviles, yates o aeronaves cuando sus usuarios sean titulares de las sociedades propietarias.  

Con las medidas fiscales negociadas entre Junts pel Sí y la CUP, que se pretenden incorporar a la ley de acompañamientos de los presupuestos para el próximo año, la Generalitat piensa conseguir 180 millones de euros adicionales, según avanzó Lluís Salvadó, secretario general de Hacienda.

"Externalidades negativas"

El equipo económico de la Generalitat, liderado por Oriol Junqueras, ha puesto la proa a las grandes superficies comerciales, a las nucleares, distribuidoras de bebidas azucaradas, establecimientos tuísticos… y también a la clase media, porque desaparecen algunas bonificaciones por vivienda.  

Junqueras se propone conseguir ingresos extras por lo que denominan "externalidades negativas", que se refieren a los perjuicios económicos o sociales que producen determinadas actividades. En este sentido, se plantean reformular algunos impuestos que han sido derogados por el Tribunal Constitucional, como el de las nucleares, y otros que han generado una larga conflictividad judicial, como el de grandes establecimientos comerciales. En los dos casos consideran que estas actividades causan perjuicios medioambientales.  

En el caso de las nucleares, ya no se piensa gravar la electricidad generada, sino el "riesgo radiotóxico" derivado de la producción, custodia o transporte de elementos radioactivos. La base impositiva será el "número de desintegraciones nucleares producidas". Con esta medida planean recaudar 41,3 millones de euros anuales.  

Centros comerciales y viviendas

Pese a tratarse de una cuestión judicializada, también se proponen gravar a las grandes superficies comerciales, pero no en función de los metros cuadrados, sino por el número de vehículos particulares que acuden a diario a estos centros. Quedarán exentos los que reciban menos de 27.000 vehículos anuales. El tipo impositivo previsto será de 0,18 euros por vehículo. Con ello pretenden recaudar 17,5 millones de euros a partir de 2018.  

También han reformulado el impuesto sobre viviendas vacías, suspendido en su momento por el Tribunal Supremo y sobre el cual todavía no ha dictado la sentencia definitiva. La propuesta consiste en gravar a los propietarios que tengan superficies de más de 350 metros cuadrados sin ocupar.  

Con la modificación del impuesto sobre establecimientos turísticos, se prevé un impacto adicional de 7,6 millones de euros a los 43 millones que se recaudan actualmente. Afectaría especialmente a los pisos turísticos y a los cruceristas. Por lo que se refiere a los distribuidores de bebidas azucaradas, por sus consecuencias sobre la salud, se les aplican tipos que van entre el 0,08 y el 0,12 euros por botellín según su contenido. Con ello piensan recaudar 41,3 millones de euros.  

Fin a la bonificación por vivienda

Una de las medidas que genera más controversia es la eliminación de deducciones del tramo autonómico en vivienda. La Generalitat aprobó en su momento una bonificación del 1,5%, que sólo podrán seguir disfrutando los jóvenes menores de 32 años con unas rentas de menos de 30.000 euros anuales. Esta medida dejará sin esta deducción a unos 250.000 catalanes.

Marta Espasa, directora general de Tributos de la Generalitat, indicó que con ello pretenden evitar que "personas con rentas muy altas puedan seguir beneficiándose", aunque tan sólo se trate de 30.000 euros. Curiosamente, planean aumentar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en operaciones de más de un millón de euros, aunque en este caso sólo será de un punto, del 10% actual al 11%.  

La CUP exigió aplicar un impuesto a la banca, pero no figura en la lista de medidas propuesta porque Lluís Salvado, director general de Hacienda, reconoce que han conseguido hallar una "formulación" que evite la sentencia en contra del Tribunal Supremo. Sin embargo, no renuncian a aplicarlo algún día: siguen pensado cómo llevarlo a la práctica.
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