JxCat y ERC se enzarzan por el caso Laura Borràs

Dirigentes de ERC se desmarcan del caso por el que se investiga a la diputada Laura Borràs

El diputado de JxCat Francesc de Dalmases. /EFE/Toni Albir

El diputado de JxCat Francesc de Dalmases. /EFE/Toni Albir

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Un diputado de Junts per Catalunya y un concejal de ERC se han enzarzado en las redes sociales en una agria polémica sobre Laura Borràs, la presidenta de JxCat en el Congreso a la que se investiga por presuntos contratos irregulares.

Este cruce de ataques entre dirigentes de los dos partidos que gobiernan la Generalitat se ha producido minutos después de que trascendiera que la Fiscalía ha informado a favor de que el Tribunal Supremo asuma la investigación a Borràs.

Pep Quintana, concejal de ERC en Olot (Girona), pidió a JxCat que, “desde el respeto a la presunción de inocencia” de Borràs, “no os escondáis debajo de la estelada para ocultar posibles prácticas irregulares convergentes”.

Como un resorte, Francesc de Dalmases, diputado de JxCat en el Parlament de Cataluña, llamó “miserable” a Quintana. Añadió que “no eres compañero de viaje de nada y espero que ERC te desautorice”.

En realidad, la polémica se inició con la tertuliana Pilar Rahola, que esté martes afirmó que existe una estrategia para “cortar todos los liderazgos independentistas”. A través de Twitter indicó que se trata de “una represión planificada, sostenida y maliciosa”.

Esta polémica pone en evidencia que Jxcat y ERC discrepan sobre el caso Borràs. Los republicanos no están dispuestos a cubrir las supuestas irregularidades de los exconvergentes.

A la actual presidenta del grupo de JxCat en el Congreso se la investiga por la adjudicación de supuestos contratos irregulares cuando estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

Inhibición en favor del Supremo

La titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Barcelona, Silvia López Mejía, envió en noviembre pasado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que asumiera la investigación de Borras al tratarse de una persona aforada por su condición de diputada.

Precisamente, la Fiscalía comparte el criterio de que la causa contra Borràs debe seguirse en el alto tribunal que preside Manuel Marchena. Después de estudiar los indicios, el ministerio fiscal insta al Supremo a investigar a la diputada por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental.

El importe total de los contratos bajo sospecha asciende a un total de 259.863 euros, que se fueron fraccionando en pagos inferiores a 18.000 euros para burlar las limitaciones de la ley de contratos de la administración pública. La Fiscalía sustenta las acusaciones en una serie de pinchazos telefónicos.

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