El Gobierno allana el terreno jurídico para los nuevos estatutos vasco y catalán

Magistrados del Supremo trasladan su preocupación porque el Congreso ultima una propuesta de reforma legal que facilitaría los referéndums de independencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el portavoz del PNV Aitor Esteban, en una sesión en el Congreso. Foto: EFE

La oposición da por descontado que después del indulto, el Gobierno aprobará un nuevo Estatut mediante referéndum para contentar al independentismo en Cataluña. Los jueces se unen ahora a este planteamiento y expresan su profundo malestar y preocupación tras conocer los últimos pasos del Gobierno para allanar el terreno jurídico a los nuevos estatutos de autonomía, entre ellos el catalán y el vasco.

Magistrados del Supremo trasladan su preocupación porque el Congreso ultima una propuesta de reforma legal, a petición del PNV, que facilitaría los referéndums de independencia al eliminar el control previo del Tribunal Constitucional.

La formación vasca presentó en diciembre de 2019 una propuesta para retirar de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) el recurso previo de inconstitucionalidad introducido durante el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Se trata de impedir que el TC pueda actuar contra cualquier proyecto de Estatuto de Autonomía o cualquier reforma antes de su aprobación en referéndum. 

Allana el camino para un nuevo Estatut

Esto, según los jueces, «allana el camino para no encontrar obstáculos que frenen de forma preventiva la modificación de estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña».

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al inicio de uno de los plenos del organismo que ha mostrado su malestar con el GobiernoEFE/Archivo
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al inicio de uno de los plenos del organismo que ha mostrado su malestar con el Gobierno. Foto: EFE/Archivo

Un freno que el TC sí podría poner a posteriori en cualquier caso, pero llegaría tarde, tal y como sucedió con los cuatro años en los que estuvo en vigor el Estatut de Cataluña antes de que el órgano de garantías tumbara casi una veintena de artículos. 

«Por esta razón, el Gobierno de Mariano Rajoy blindó en 2015 la Ley del TC para reforzar su capacidad jurídica y lo hizo con el apoyo parcial del PSOE», recuerdan desde el Partido Popular.

Los magistrados advierten de que el «limbo legal» provocado por la entrada en vigor de un estatuto de autonomía recurrido ante el TC puede dar lugar a «muchos conflictos y a ponernos a la Justicia como la mala de la película», comentan, porque podrían pasar muchos años hasta que llegue el pronunciamiento definitivo del alto tribunal y tirar todo lo aprobado por la borda.

Sin duda, lo más llamativo es que el PSOE se opone a derogar este punto ante la propuesta del PNV y, sin embargo, votó en contra de las enmiendas a la totalidad que, precisamente, presentaron en mayo PP y Vox para derogar este aspecto y ahora se encuentra en trámite de aprobación de enmiendas parciales en la Cámara Baja. Los magistrados temen que la reforma se apruebe porque supondría «no poder cortar las alas a un nuevo procés«.

«Se trata de bordear la Constitución: creo reformas de estatutos de autonomía patentemente inconstitucionales, las someto a referéndum, finalmente el TC dice que es inconstitucional y el malvado pueblo español se opone a la soberanía del pueblo vasco o del pueblo catalán«, dijo el portavoz de Cs, Edmundo Bal, en la Cámara Baja.

Impedir la persecución a funcionarios

Además de derogar el recurso previo de inconstitucionalidad, el PNV reclama en su propuesta la eliminación del carácter ejecutivo en las sentencias del mismo tribunal, lo que impediría que funcionarios y autoridades sean perseguidos y suspendidos en el cargo por incumplir las resoluciones del TC. La medida también implicaría eliminar la imposición de multas o el cese en el cargo de los infractores. 

El Gobierno se muestra totalmente a favor de derogar este punto y desde el PSOE explican que se trata del «aspecto más problemático» porque atribuye al TC la potestad de apartar a altos cargos públicos de sus funciones cuando no acaten sus decisiones, lo cual «podría alcanzar al presidente del Gobierno o al de una comunidad autónoma«, defendió el diputado Odón Elorza.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y Pere Aragonès, llegando a la primera reunión de la mesa de diálogo./ EFE
La oposición se muestra convencida de que Sánchez pactará un nuevo Estatut para Cataluña en la mesa de diálogo. Foto: EFE

Los socialistas hablan de «eliminar los exorbitantes poderes que el PP dio al TC» para frenar al independentismo catalán.

En lugar de cerrar filas con el órgano esencial en la arquitectura constitucional del Estado, en el PSOE señalan que los mecanismos establecidos en 2015 «no han aportado nada nuevo para que el TC hiciera ejecutables sus sentencias«.

Los magistrados consultados señalan que «el PNV intenta allanarse el camino para la reforma del Estatuto de Gernika siguiendo el ejemplo catalán».

«Quieren atarnos de pies y manos tras los indultos y han dejado a la Sala Segunda a los pies de los caballos», esgrimen a ED varios jueces ofendidos que ahora contemplan factible que el Gobierno busque un nuevo Estatut catalán mediante referéndum para contentar al independentismo.

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