Barcelona, 10 de octubre de 2016 (14:29 CET)
La acusación popular en el proceso por la consulta del 9N pide para Artur Mas seis años de cárcel y 22 años de inhabilitación. Esta parte del procedimiento, integrada por los sindicatos policiales SPP y UFP y por Manos Limpias considera que el expresidente de la Generalitat cometió malversación, además de los delitos de prevaricación y desobediencia por los que ya está imputado.La acusación popular también pide 12 años de inhabilitación y multa de 36.500 euros para la exvicepresidenta del gobierno catalán Joana Ortega y para la exconsejera Irene Rigau, procesadas por delitos de desobediencia y prevaricación. El dinero presuntamente malversado en la consulta soberanista asciende a 4,7 millones de euros.
Para calcular esa cantidad la acusación se basa en las facturas de compañías de suministros informáticos, de publicidad y de mensajería. La acusación solicita incluir en esa cuantía los 7.000 ordenadores comprados con dinero público para el 9N, con un coste de 2.786.347,65 euros.
