Pablo Casado y Pedro Sánchez, muy lejos en materia económica. EFE/Paco Campos

PSOE y PP, separados por 5.000 millones

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Las propuestas económicas del PSOE y el Partido Popular son antagónicas en materia impositiva y complican los compromisos en gasto social de Sánchez

Madrid, 12 de noviembre de 2019 (04:55 CET)

La voluntad del IBEX sigue chocando con el resultado de las elecciones en España. Si en abril, desde los frentes empresariales apoyaban la alianza del PSOE como Ciudadanos como una vía para crear estabilidad y para escapar al programa económico de Unidas-Podemos, tras el 10-N el mensaje es el mismo pero mirando hacia una alianza con el Partido Popular. Los socialistas, sin embargo, parecen dispuestos a volver a lanzar un jarro de agua fría estas expectativas para lograr algo que todavía se les ha resistido: gobernar con unos presupuestos propios, y no con los de Mariano Rajoy

En la resaca del 10-N, los mensajes que han ido llegando desde Ferraz parecen claro: quieren un gobierno progresista, sin dependencia de los partidos independentistas catalanes, y miran hacia Unidas-Podemos. Y ese enfoque, que busca ampliar el gasto social, que habrá que sufragar con mayores impuestos, es un mensaje que choca con los objetivos políticos de del PP de Pablo Casado, que se ha comprometido a reducir tributos.

Casado es rehén de sus propias palabras, por la promesa de impulsar medidas tributarias laxas en Madrid, que parece díficilmente compatibles con el deseo del PSOE de gobernar plenamente. El aterrizaje de la economía española, que ha obligado a Bruselas a cuestionar las previsiones presupuestarias enviadas por la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, es otro hándicap para pagar los proyectos sociales socialistas. La recaudación más cíclica -IVA o IRPF-, se puede ver afectada por un crecimiento económico menor al previsto.

Aunque el PSOE no ha sido muy explícito en su programa sobre sus propuestas concretas en materia tributaria, las líneas generales dejan entrever que empresas y rentas altas van a ser la principal fuente de incremento de la recaudación: un espíritu que casa con el de Unidas-Podemos. En este sentido, en su carta de propuestas para el 10-N, el PSOE califica como anómala la "escasa tributación" de las grandes corporaciones, así "como del sector financiero y de las grandes empresas tecnológicas". También ve insuficiente e "ineficaz" la fiscalidad ambiental. 

En abril, y en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que tumbó el Congreso, el Ejecutivo socialista planteaba medidas fiscales que suponían aumentar la recaudación en más de 5.600 millones. Todas esas iniciativas, que incluyen reducir deducciones y aplicar un tipo mínimo en Sociedades para bancos y energéticas, podrían ser recuperadas. Asimismo, y aunque en el proyecto de Presupuestos de 2019 no estaba consignada, un posible pacto con Unidas-Podemos podría resucitar el famoso impuesto a la banca. Existen vías para implementarlo más allá de una tasa específica; por ejemplo, elevando la que soportan los depósitos, que ya existe.

Con la reforma de Sociedades, la tasa sobre transacciones financieras o la Google, la recaudación del Estado se incrementaría en cerca de 3.800 millones. A lo que se le añadirían otros 670 millones procedentes de retoques en el IRPF y de la recuperación del tributo sobre Patrimonio.

En las únicas iniciativas incluidas en los Presupuestos en las que PSOE y Partido Popular podría estar de acuerdo, serían en la lucha contra el fraude fiscal. El propio gobierno socialista las cifró en 828 millones en el escenario macroeconómico que envió a Europa en abril, antes de la primera investidura fallida de Pedro Sánchez

El Partido Popular y su compromiso a bajar los impuestos

El Partido Popular, en contraste, recogía en su programa para el 10-N más bajadas que subidas de impuestos. De hecho, la formación que lidera Pablo Casado rechaza incrementos de tributos, sino que había prometido varias reducciones en el caso de que ganara las elecciones.

En concreto, adelantó una rebaja del Impuesto de Sociedades para que el tipo máximo fuera inferior al 20%. En un guiño a la banca, se comprometía a eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la "constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual", que ahora pagan las entidades financieras. También abogaba por suprimir el impuesto de Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre padres, hijos y cónyuges.

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