Carles Puigdemont llega en coche a un edificio en Berlín (Alemania). Foto: EFE

Puigdemont desencadena un informe demoledor sobre la euroorden

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La Fiscalía General del Estado pide reformar la euroorden por sus "debilidades" exhibidas tras el arresto de Carles Puigdemont en Alemania

Barcelona, 09 de septiembre de 2019 (14:08 CET)

En julio de 2018, el Tribunal alemán de Schleswig-Holstein decidió extraditar a Carles Puigdemont solo por el delito de malversación y no por el de rebelión, por lo que el juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, descartó su entrega al entender que el ex president de la Generalitat no podía ser enjuiciado únicamente por la malversación. El magistrado retiró las órdenes de detención y Puigdemont ha logrado moverse por Europa sin problemas desde entonces.

Aquello ha dejado "una sensación agridulce" en la Fiscalía General del Estado, que en su memoria relativa al año 2018 se posiciona al respecto en el apartado "Evaluación de la orden europea de detención y entrega", un mecanismo que ha tildado de "deficiente" y que ha urgido reformar por sus palpables "debilidades" exhibidas tras el caso de Puigdemont. En el documento, la Fiscalía exige reformar la euroorden para evitar este tipo de desencuentros en el futuro.

El Ministerio Público criticó que los tribunales alemanes y belgas que han tomado decisiones sobre las euroórdenes españolas relativas al procés han realizado "tareas de valoración" que "exceden abiertamente" las funciones encomendadas por la normativa de la orden europea de detención y entrega a los jueces de los estados miembros. El tribunal alemán, por ejemplo, entró a "valorar la voluntad" de Puigdemont, "sin fundamento en la práctica de prueba alguna", lo que llevó a un "verdadero enjuiciamiento de fondo", dice la Fiscalía.

La euroorden de Puigdemont reveló las "debilidades" del sistema

La Fiscalía General del Estado señala en su escrito que esta situación pone de manifiesto las "debilidades" del sistema de la euroorden, que "se ha mostrado deficiente" y que, por tanto, "deberían ser resueltas en próximas reformas". Se hace eco también de "las enormes carencias detectadas en las traducciones" y "los problemas de acceso urgente" de las autoridades judiciales españolas a servicios de traducción, lo que ha dado pie a "notables discordancias entre los países intervinientes".

Por un lado, recuerda el Ministerio Público, las autoridades judiciales belgas aludieron a un problema formal en la petición del Tribunal Supremo de extraditar a Puigdemont, mismo que Alemania no acusó cuando recibió la solicitud. Ello "evidencia una quiebra en el principio de confianza mutua" que "debería llevar a un análisis en profundidad a fin de ser corregido en el futuro" para que la euroorden "pueda responder adecuadamente a los objetivos para los que fue creada".

La Fiscalía subraya que no es un problema de discordancia con sus pares, sino con los jueces, ya que "la sintonía mostrada con las Fiscalías de otros países miembros de la UE no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales". De hecho, todas las Fiscalías europeas respaldaron la entrega sin condiciones, pero los juzgados fueron los que pusieron trabas. Sobre las deficiencias de la orden de entrega y captura a nivel europeo está al tanto Bruselas.

De hecho, este fin de semana trascendió que la Comisión Europea está realizando una evaluación detallada sobre la aplicación de la euroorden y no descarta aplicar sanciones a los países que no la están aplicando de forma correcta, después de constatar que, si bien "en general funciona bien", algunos países no se han adaptado al mecanismo de forma satisfactoria. Así lo constata una carta de la comisaría de Justicia de la UE a la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa.

La comisaria de Justicia, Vera Jourova, replicó a Pagazaurtundúa que la "prioridad de la Comisión" es asegurar que las órdenes de arresto se llevan a cabo de forma correcta. La CE está evaluando la forma en la que algunos socios han llevado a cabo las euroórdenes y sobre ese resultado se plantea lanzar "procedimientos de infracción" para asegurar que todos cumplen con el marco legal, explicó la comisaria, sin mencionar los nombres de los países.

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