La Generalitat constituye el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público

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El Govern duplica el personal del órgano supervisor del trabajo de la Administración

23 de enero de 2014 (16:54 CET)

La Generalitat de Catalunya ha transformado este jueves la institución encargada de supervisar los contratos en el sector público, el Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (Oarcc), en el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. El nuevo organismo ya se ha constituido formalmente y su principal novedad es que se refuerza el personal que trabajará en velar la correcta aplicación de las leyes del sector público en todas las Administraciones de la comunidad. Ha duplicado la plantilla.

El alto funcionario de carrera Juan Antonio Gallo mantiene la presidencia de la institución. Trabajará junto a dos vocales, Eugenia López y Carme Cayuela. Esta última se ha incorporado al tribunal como representante del mundo local. Es también funcionaria de carrera, como todos los miembros de la institución, y proviene del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona). Completa el organismo una secretaria, quien se encarga de la mayor parte del trabajo burocrático que comporta.

Normas europeas


La función y competencias del tribunal se rigen por normas de la Unión Europea. Sus resoluciones son de obligado cumplimiento y se pueden recurrir en la justicia ordinaria, ya que juega un papel de mediación.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 15 de enero las nuevas directrices relativas a la contratación pública; la de entidades que quieren operar en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales; y la adjudicación de los contratos de concesión. Son estos ámbitos en los que el Tribunal Català de Contractes del Sector Público se pronuncia.

Resoluciones

El trabajo del órgano de mediación se dio a conocer hace aproximadamente un año, cuando resolvió que la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) era incorrecta porque Acciona no cumplía con el pliegue de condiciones del contrato y consideraba que se quedaba fuera de la licitación. Una valoración que ha recibido el espaldarazo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El conflicto está aún latente.

El Oarcc ha resuelto otras polémicas, como la adjudicación del mantenimiento de los semáforos de Barcelona o los servicios energéticos de los ayuntamientos catalanes.
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