Elsa Artadi y Quim Torra, durante una reunión del gobierno de la Generalitat. EFE/Toni Albir

La Generalitat desactiva la demanda contra Mas por los gastos del 9-N

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El Govern de Quim Torra retira la demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas contra Artur Mas por la propia Generalitat durante la vigencia del 155

Iván Vila

Economía Digital

Elsa Artadi y Quim Torra, durante una reunión del gobierno de la Generalitat. EFE/Toni Albir

Barcelona, 03 de julio de 2018 (14:01 CET)

El gobierno de Quim Torra sigue con su tarea de reventir las decisiones tomadas por la propia Generalitat durante el periodo de intervención por parte del Gobierno en virtud de la aplicación del artículo 155. Ahora, retirando la demanda que la propia institución interpuso ante el Tribunal de Cuentas contra Artur Mas y nueve exconsellers y exaltos cargos por supuesta responsabilidad contable en los preparativos del 9-N.

La demanda se interpuso en abril siguiendo instrucciones del ministerio de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, y estaba dirigida contra Mas, las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, el exconseller Francesc Homs, y seis altos cargos durante la presidencia de Mas: Lluís Bertrán, Josefina Valls, Jaume Domingo, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohías.

La Generalitat alega ahora para retirar la demanda que casi todo el gasto es anterior al 4 de noviembre de 2014, cuando el TC admitió el recurso de Rajoy contra el 9-N

De lo que se trataba era de determinar la responsabilidad contable que los investigados pudieran tener en los gastos destinados a los preparativos de la consulta del 9-N, que el Govern de Mas vendió primero como un referéndum y acabó planteando como un "proceso participativo". Esa eventual responsabilidad, ahora quedará sin investigar.

La Generalitat alega ahora para retirar la demanda que casi todo el gasto es anterior al 4 de noviembre de 2014, el día en que el Tribunal Constitucional (TC) admitió el recurso del Gobierno de Rajoy contra el 9-N, y también que la partida más relevante son los tres millones de euros destinados a la compra de 7.000 ordenadores, que se usaron el día de la consulta pero que el día después, remarca el Govern, fueron enviados a centros educativos, donde se siguen usando cuatro años después.

 

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