La Generalitat pide compensaciones por los efectos fiscales de la reducción de velocidad en las autopistas

La anunciada rebaja de la velocidad máxima de circulación por autovías y autopistas, supone un ahorro para los bolsillos de los ciudadanos y para la factura energética española. Al mismo tiempo supone una mengua de los ingresos en los impuestos que afectan a los carburantes. Una parte de dichos impuestos repercuten en las autonomías y en un momento de recortes, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha pedido ya compensaciones. Y su escudero en Madrid, Josep Antoni Duran i Lleida ha criticado que la medida no se hubiese consensuado por lo que exigirá fondos adicionales para mitigar el descenso de la recaudación.

Los primeros cálculos de los efectos para los ciudadanos son positivos. Rebajar la velocidad supondrá reducir el gasto en gasolina del orden de un 15% y de gasóleo un 11%, lo que equivale a 11 millones menos de barriles de petróleo, que traducido en dinero supone un descenso de 1.400 millones de euros para los conductores.

Ese ahorro supondrá a su vez que la administración española reducirá su recaudación en unos 230 millones de euros al mes. Como una parte de los denominados impuestos especiales está traspasada a las autonomías, la reducción también recortará los ingresos previstos en las arcas, por ejemplo de la Generalitat.

Otro frente es el anunciado recorte de precios de Renfe en cercanías y media distancia. Desde el ejecutivo central se han hecho cálculos considerando que el impacto de esta rebaja quedará absorbido por el incremento de viajeros. En Catalunya también se transfirieron los servicios de cercanías, con lo que si finalmente la cuenta no sale, la Generalitat pasará factura a Madrid.

Señalización

Luego estan los gastos no previstos, com el coste que supondrá tapar las señales tráfico con la nueva velocidad. En este caso se ha presupuestado en 250.000 euros sólo para pegatinas.

La reducción de velocidad en las autopistas es una medida que ya se ha aplicado en España. La primera limitación de la velocidad se produjo en 1974. Sólo cuatro años duró este primer límite, fijado en 130 kilómetros por hora en las autopistas y 110 en las autovías. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan, precisamente, una drástica reducción del consumo de fuel-oil por el Estado español en 1975, ya que descendió un 46,6%, en relación con el año anterior.

En concreto, el Estado había gastado 2.597 millones de pesetas en fuel oil en 1975, frente a los más de 4.800 millones de 1974.

El temor ante las consecuencias de la segunda crisis del petróleo, hizo que el Gobierno rebajara el límite de velocidad hasta los 100 km/h en 1976. El Real Automóvil Club de Cataluña lanzó una campaña, que finalmente obtuvo el apoyo de la Dirección General de Tráfico para ampliar de nuevo la limitación y finalmente, en 1980 se fijó el límite de velocidad de 120 kilómetros por hora.

No obstante, se ha de destacar que ni la red de autopistas y autovías era en la década de los 70 equiparable a la actual, ni la motorización en España tenía nada que ver con la que se disfruta actualmente ni el impacto psicológico de la crisis del petróleo de aquel momento es tampoco comparable. La crisis energética de los años 70 fue fruto de una actuación coordinada de la OPPEP que redujeron su producción y que tenía a más un componente político de presión contra el estado de Israel.