La justicia blinda a medio millón de interinos. En la imagen, prueba de oposiciones.
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La Administración no pone fecha a los exámenes del "ERE público" a la espera de las sentencias de TJUE para evitar que se dupliquen las plazas

Nahiara S. Alonso

Economía Digital

La justicia blinda a medio millón de interinos. En la imagen, prueba de oposiciones.

Madrid, 28 de abril de 2019 (04:55 CET)

Ya están publicados muchos de los listados publicitando las plazas de los empleados interinos públicos, entre ellos las de los 4.000 temporales en fraude de Ley del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, este "ERE" público -como lo llaman los afectados- está paralizado. La razón: Europa.

"Impugnamos las ofertas públicas generales y cualquiera de las nuevas que vayan saliendo y eso influye. Pero el motivo principal de la paralización es que la Administración está a la espera de que Europa tome una resolución sobre la situación de los temporales", explica Francisco Sanz miembro de la Coordinadora Estatal de Empleados Públicos.

El sindicato reúne a hasta 30 organizaciones sociales y sindicales de todas las comunidades autónomas excepto de Cataluña y País Vasco. En estas autonomías, comentan, no existe este problema con los empleados temporales.

La decisión de esperar a que Bruselas dicte sentencia se debe en que en varias ocasiones Europa ha fallado a favor de los interinos en fraude de ley, lo que ha llevado a que estos puestos se dupliquen.

Los interinos piden que se les convierta en personal fijo al haber estado en su puesto en fraude de ley

"Se sacaron las plazas a examen antes de la decisión de los tribunales y cuando tuvieron que devolver a los trabajadores a sus puestos, ya había nuevos opositores cubriéndolo", explican fuentes del sindicato.

En estos casos la administración cuenta con dos empleados públicos legitimados para ejercer el mismo cargo. El primero, que gana su plaza en las oposiciones, y el segundo que la obtiene en los tribunales. Además, las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que se espera que lleguen a finales de verano, serán vinculante en toda España.

En un primer momento los afectados exigían que se llevara a cabo un proceso de selección basado en los méritos. Sin embargo, ahora piden directamente su conversión directa en personal fijo y varias sentencias les dan alas al haber considerado que se encuentran en situación de fraude de Ley.

Esto se debe a que la legislación española contempla un plazo máximo de tres años para este tipo de puestos, pero las administraciones públicas paralizaron la convocatoria de empleo público durante la crisis y utilizaron a los interinos superando este límite, teniendo a trabajadores durante incluso 30 años.

Así, pese a que están los listados con una gran parte de las plazas anunciadas, aún no están convocadas las fechas de los exámenes para evitar que se dupliquen las plazas. 

Miles de demandas

A través del despacho de abogados Aráuz y Belda, del abogado del Estado en excedencia Francisco Javier Arauz de Robles, se han interpuesto miles de reclamaciones y demandas, según fuentes conocedoras del caso.

Los demandantes se están apoyando en la directiva comunitaria 1990/70, que impide el abuso en la contratación de personal temporal e interino en la administración y contempla la posibilidad de reconocer la fijeza del puesto para los afectados. 

También, entre otros fallos, en una sentencia del TJUE de 2006 que indica que en ausencia de sanción al empleador por abuso de temporalidad en la legislación nacional, el castigo deberá ser la fijeza del trabajador.

Los sindicatos calculan que a nivel estatal haya hasta 600.000 empleados en fraude de ley y que la mayoría de estos trabajadores están en educación, sanidad y en los juzgados. Por tanto, el grueso del problema recaería en las comunidades autónomas.

Los sindicatos han animado a los trabajadores a acudir de forma masiva a los tribunales 

Los sindicatos han animado a los trabajadores a acudir de forma masiva a los tribunales para que obtengan el reconocimiento de empleados fijos.

"Si Europa falla a nuestro favor tendrán que o convertirnos en fijos o indemnizarnos cuantiosamente. Por ello, entendemos que la administración sacaría un decreto directo para no ir a juicio con todos los afectados y regularizar nuestra situación", contempla Sanz.

Su plaza, de la consejería de transporte, salió en la oferta pública de 2017 después de que él lleva durante más de 22 años en el cargo, aunque aún no hay una fecha para el examen. "Es un sin vivir. Tienes la angustia por el examen, el dinero en academias y tu vida está paralizada esperando a ver qué pasará", lamenta.

Además, denuncia que tiene menos derechos que sus compañeros fijos que "hacen un trabajo idéntico". "No tengo derecho a una prejubilación mientras que mis compañeros pueden irse hasta tres años antes, si hay que cubrir guardias o cambiar turnos siempre nos toca a los interinos. Y eso si no me quedo sin mi puesto".

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