Los acusados del 1-O piden al Supremo una sentencia política

Los líderes independentistas procesados por el Tribunal Supremo empezaron la vista oral aprovechando sus interrogatorios para hacer política y denunciar la naturaleza igualmente política que a su juicio tiene la causa. Y, cuatro meses y 52 sesiones después, y siguiendo el guión previsto, la cerraron igual, con una única novedad que viene dada por el momento procesal.

Esta vez, a las apelaciones a la democracia, la libertad de expresión y los derechos fundamentales —pack en el que incluyeron el de autodeterminación, inexistente en la legislación española—, reproches a la fiscalía y protestas por sentirse juzgados por sus ideas que ya protagonizaron aquellas intervenciones iniciales, se sumó una petición al tribunal que se convirtió en recurrente, y que, formulada en los términos usados por los procesados, viene a consistir en que la sentencia, más allá de atender a pruebas, contribuya a desmadejar el problema político en Cataluña. 

Es una forma de volver a reclamar que la solución a la situación catalana sea política, pero también es una manera como otra de pedir una sentencia absolutoria, claro. Sui generis si se quiere, pero, ¿acaso no lo es el juicio? El caso es que hubo numerosas apelaciones al tribunal en ese sentido. La primera, la de Oriol Junqueras, que fue quien abrió la ronda con la que los 12 acusados hicieron uso de su derecho a la última palabra.

«Lo mejor para todos»

El exvicepresidente catalán atribuyó a la mala política, «la que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo» haberle pasado al tribunal que preside Manuel Marchena la patata caliente de dictar sentencia, y pidió «devolver la cuestión al terreno de la política». Será, remató, «lo mejor para todos». Pero eso fue solo el comienzo. Tras la de Junqueras y la de su correligionario de ERC Raül Romeva, que se expresó en términos parecidos y planteó la sentencia como una «oportunidad», vendrían apelaciones mucho más explícitas al tribunal. Como la del exconseller Josep Rull, que le advirtió que tiene «la altísima responsabilidad» de trazar dónde están los límites de los derechos y las libertades, y que su decisión será analizada con lupa en Europa.

O la del ahora también, como Rull, diputado de Junts per Catalunya en el Congreso Jordi Sànchez, que consideró «injusto» que el tribunal tenga que resolver un asunto que en su opinión no debería competerle, pero también le advirtó que tiene la responsabilidad de «no agravar la crisis política». Con una condena, se entiende. «Es cierto», incidía el otro Jordi, Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, «del resultado de este juicio depende la calidad de la democracia del estado español. 

El guión seguido por Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart o Jordi Turull ni siquiera incluyó tratar de rebatir los argumentos en los que las acusaciones han sustentado sus peticiones de penas. Sí lo hicieron otros de los procesados, como el exconseller de interior Joaquim Forn, que insistió en que nunca dio consignas políticas a los Mossos; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que reiteró que no hizo nada distinto a los demás integrantes de la Mesa del Parlament, procesados en cambio por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), o el el exconseller de Política Territorial y de Cultura Santi Vila, que subrayó de nuevo su papel de mediador para intentar evitar, sin éxito, que las cosas llegaran al punto de ebullición del 27-O.

Voluntad de reincidir

También entró a rebatir  a la fiscalía Rull, que fue capaz de combinar el alegato político con una defensa más técnica de su posición. Pero que, eso sí, acabó con una advertencia: «Después de nosotros, siempre vendrán más. No existen suficientes cárceles para frenar el anhelo de liberta de un pueblo». No fue el único que lanzó vatinicios de ese tipo. «En democracia, no hay puertas que se resistan», avisó Sánchez, que, tras haber citado a Sócrates, parafraseaba así a un compañero de cárcel del que no quiso revelar a qué se dedica, pero al que al parecer tampoco se le resiste ninguna.

Claro que si uno de los encausados exprimió hasta el fondo la condición de preso político que todos se atribuyen, ese fue Cuixart, que no solo dijo aceptar «los actos» que le han llevado a la cárcel y el banco de los acusados y también «las consecuencias de los mismos», por estar estos dictados por «la voz» de su conciencia, sino que remarcó que todo lo que hizo «lo volvería a hacer». Es más, luego añadió: «Estoy convencido de que lo volveremos a hacer, pacíficamente, serenamente, con toda la determinación del mundo».

Pese a la naturaleza eminentemente política de los alegatos, ni una sola vez interrumpió Marchena a los procesados. Solo cuando acabó el último de ellos, Carles Mundó, intervino el presidente del tribunal. Fue extremadamente breve. Apenas siete palabras le bastaron para poner el punto final a un juicio maratoniano que queda ya solo pendiente de la decisión del tribunal. «Muchisimas gracias a todos. Visto para sentencia».

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