Los okupas, desenmascarados — ‘Echaron la puerta abajo con una sierra radial’

Los vecinos de un bloque de viviendas de la calle Terra Baixa, en L’Hospitalet de Llobregat, dijeron basta hace ahora un año.

Tras sufrir varios asaltos seguidos que pretendían okupar los dos pisos vacíos con los que contaba el edificio, la comunidad decidió instalar cámaras de seguridad en el portal. Después de mucho pelear, también lograron que el banco propietario de los inmuebles colocase puertas anti-okupas en el entresuelo 1ª y en el 3º-2ª.

Historias y testimonios similares se repiten en otros bloques de esta misma calle, ubicada en el barrio de Sant Josep, a apenas media hora en transporte público del centro de Barcelona. Pero también en puntos de Artigues, en Badalona, o en Ciutat Meridiana y Trinitat Vella, en la periferia de la capital catalana, según reconocen desde el consistorio barcelonés.

El reguero de viviendas vacías que dejó el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 desembocó, en zonas como Sant Josep, en el fenómeno de los pisos-patada. Viviendas okupadas por familias, generalmente en situación de riesgo social, después de la actuación de los patadistas.

Miles de pisos vacíos

Así se conoce en el argot a la persona o grupo organizado encargado de echar la puerta abajo de una vivienda previamente identificada como vacía.

Esta labor de búsqueda es relativamente sencilla. Josep Maria Montaner, concejal de Vivienda del gobierno de Ada Colau cuantificó en octubre pasado en 2.421 pisos los pisos vacíos, sólo en manos de los bancos, en Barcelona.

En L’Hospitalet, el ayuntamiento cifra en un millar esta bolsa de vivienda desaprovechada. Un número que asciende hasta las 1.700 casas según las organizaciones sociales.

Un negocio ilegal

Manuel Piñar, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la segunda ciudad por población de Cataluña, conoce bien esta problemática, de la que muchos siguen haciendo, ocho años después del inicio de la crisis, un negocio y una actividad delictiva.

«Los patadistas suelen cobrar entre 200 y 300 euros por dar la patada», relata. Para alguno de estos grupos, explica Piñar, el lucro no se queda ahí y exigen el cobro del alquiler de una vivienda ocupada en condiciones muy precarias (suministros pinchados, falta de agua caliente…).

Impunidad y violencia

María –nombre ficticio–, presidenta de la comunidad de vecinos del edificio de Terra Baixa, se lamenta de la impunidad con la que en muchos casos actúan estos grupos. «Antes de que pusiésemos las puertas anti-okupas, un hombre me llegó a pedir enchufar su taladro en mi casa para petar la cerradura. (…) Decía que la vivienda era suya», relata.

Según se quejan algunos vecinos el problema muchas veces está en la dejadez de los bancos para denunciar la okupación de los pisos. Una vez los nuevos inquilinos están dentro, los Mossos d’Esquadra sólo pueden actuar si hay una denuncia por parte del propietario. Un trámite que en ocasiones tarda meses en llegar.

También sorprende la contundencia de los métodos utilizados por estas bandas: «En el entresuelo 1ª, echaron la puerta abajo con una [sierra] radial», recuerda María. En este caso, sin embargo, ante la rápida denuncia, los Mossos desalojaron la vivienda en pocas horas.

Negociaciones con los bancos

Desde el ayuntamiento gobernado por la socialista Núria Marín se limitan a reconocer la existencia del problema en torno a la vivienda en el municipio y recuerdan que están en negociaciones con varios bancos para la cesión de parte de sus pisos vacíos –en febrero llegaron a un acuerdo con BBVA–, aunque se desconoce cuántas de estas viviendas se destinarán finalmente a alquiler social.

Además, insisten en la complejidad de abordar algunos de los casos de okupación, especialmente si estos no son denunciados previamente. 

Otros casos de okupación

Esta circunstancia la conoce bien la escalera en la que vive María. Justo enfrente, en la misma calle en la que actúan con relativa frecuencia los patadistas, se mantiene a duras penas en pie un viejo edificio okupado desde hace casi dos años y medio.

En este caso, según los testimonios de varios vecinos de la zona, los propios asaltantes se han quedado a vivir en un inmueble con graves problemas de salubridad y un evidente riesgo de derrumbe. 

De acuerdo a la versión de los vecinos, la propietaria no ha mostrado en todo este tiempo ningún interés en echar a los inquilinos ilegales, ya que ello le supondría tener que pagar los costes de reparación de la vivienda.

Preguntados sobre este inmueble en concreto, desde el ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat no han sabido responder a la situación administrativa del mismo.