En la imagen, una urna de votación para el 1-O en un colegio de Sarrià de Ter. Foto: EFE/

Los pagos a los observadores del 1-O están bajo sospecha

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La Guardia Civil solicita un mandamiento judicial a la interventora del Diplocat para explicar actividades por más de 300.000 euros

Barcelona, 06 de octubre de 2018 (17:45 CET)

Las cuentas no cuadran. Las cifras de los informes de la Secretaría de Estado de Hacienda y de la Interventora General de la Generalitat sobre el Diplocat no arrojan los mismos números respecto al pago a los observadores internacionales del 1-O

La Guardia Civil solicitó al magistrado Antonio Ramírez Sunyer, que investiga la preparación del referéndum ilegal, que haga un mandamiento judicial para que se aporte la documentación sobre tres partidas de gasto que suman más de 306.000 euros, informó Europa Press.

Al comparar la documentación de Hacienda y la de la Interventora, el instituto armado encontró una "diferencia" de al menos 5.733 euros, que "no se puede determinar de dónde resulta" sobre los importes abonados a los expertos internacionales.

La Guardia Urbana alerta de más gastos del Diplocat el 1-O

El oficio de la Guardia Civil explica que observó que desde el Diplocat se pudo gastar más de 300.000 euros repercutiendo a una partida presupuestaria de la Generalitat, un total alcanzado tras sumar tres actividades reflejadas en la contabilidad del organismo relacionados con el análisis del contexto político catalán.

La actividad más costosa, por más de 206.000 euros, fue con la experta en procesos electorales Helena Catt. A esta se suman unos talleres de expertos europeos por importe de casi 35.000 euros, y programas de visitantes internacionales por el valor de más de 65.000 euros.

El último balance del instituto armado cifraba estos gastos en 273.000 euros. Los investigadores siguen sospechando de que la Generalitat usó dinero público para preparar el 1-O más allá de la presunta malversación de 3,2 millones de euros que ya fue anunciada.

El magistrado del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona aceptó el 21 de septiembre la petición del mandamiento judicial dirigido a la interventora, que ahora deberá informar sobre las tres actividades cuestionadas y sobre "si existen otros importes del Diplocat repercutidos a otras partidas presupuestarias".

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