Mas pagó un seguro para los voluntarios de la consulta independentista
Se desmonta el argumento de su defensa, que dice que la votación fue realizada por voluntarios y sin participación del Gobierno catalán
La Fiscalía Superior de Cataluña aportó una nueva prueba que puede fundamentar su acusación de presunto delito de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos en la consulta independentista del 9N. La Generalitat había pedido a la aseguradora AXA una extensión de la póliza del seguro de accidentes que el Departament d’Economia i Coneixement tiene contratado con el personal del gobierno catalán.
Según publica este domingo el diario El Mundo, este pedido del Govern se dirigía a «1.317 personas voluntarias que trabajarán el 9 y 10 de noviembre». De esta manera, se tambalea el argumento del ex presidente Artur Mas, así como de la ex consejera Irene Rigau y la ex vicepresidente Joana Ortega, que justificaban que la votación independentista había sido exclusivamente un acto de voluntarios, en el que la Generalitat no había tenido ninguna implicación.
Esta contratación fue revelada por los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, quienes presentaron un escrito ante el magistrado Joan Manel Abril, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para evitar que la causa sea archivada.
Seguro para personas con cargos de responsabilidad
El día 9 de noviembre de 2014, más de 25.000 personas colaboraron en la consulta en que se preguntó si Cataluña debería ser un Estado soberano. Pero las 1.317 personas aseguradas «se corresponden con el número de puntos de votación habilitados». Por ello, el Ministerio Público estima que estos voluntarios eran personas con funciones de coordinación o con mayores grados de responsabilidad; mientras que los demás participantes eran los presidentes, fiscales y que realizaban otro tipo de tareas menores en la consulta.
Delito de desobediencia
El pedido de ampliación de la póliza, indica el escrito, tuvo un costo de 1.409 euros, y fue expedido el 4 de noviembre. Precisamente, esa fecha el Tribunal Constitucional ordenó que se detenga la consulta. Y por esa razón, los fiscales consideran que Mas, Rigau y Ortega, además del ex conseller de Presidencia Francesc Homs, han incurrido en un delito de desobediencia, por decisiones que han tomado luego de esa fecha.
«La utilización de los medios públicos, lejos de ser interrumpida, continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano», dice el escrito de los fiscales, para dar la apariencia que «fuera efectivamente la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios». Para los fiscales, sin el apoyo logístico del Gobierno catalán, «la votación no habría podido tener lugar».
