Mas tendrá una consulta que durará 48 horas

El Govern pone en marcha todo el dispositivo, aunque sabe que no se podrá celebrar

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Algunos dirigentes de CiU, y, con mayor fe los democristianos de Unió, esperan que el Gobierno que preside Mariano Rajoy ofrezca una alternativa en las próximas semanas, después de las elecciones europeas. Confían que, en el mes de junio, se inicie una negociación con el Govern de Artur Mas que permita una salida política para todos.

Esa salida, sin embargo, debería someterse a una consulta por parte de todos los catalanes. Y la disputa podría centrarse en quién está dispuesto a defender el posible acuerdo al que lleguen. Es decir, si Mas y Rajoy formularan una propuesta conjunta, los dos dos la deberían defender en un referéndum. Esa posibilidad, ahora, parece remota.

Lo que sigue en pie es la apuesta del President Mas por la consulta soberanista fijada para el 9 de noviembre. El Govern ya tiene previsto, aunque no existe un acuerdo cerrado, encargar las urnas de la consulta. Serán unas 6.000 urnas, de cartón, y que podría encargar, a dos euros la unidad, al Centre de Iniciatives per a la Reinserció.

Firmar el decreto

Sin embargo, la consulta del 9 de noviembre podría tener una vida escasa. De apenas 48 horas. El President Mas, en todo caso, se ha comprometido a convocarla. Otra cosa es que se pueda realizar. Pero ha defendido en los últimos meses que tiene un claro objetivo: firmar el decreto de convocatoria de un referéndum.

¿Pero, por qué 48 horas?

Tras las elecciones europeas de este domingo, la ponencia parlamentaria que elabora la ley de consultas, que será el marco legal de esa consulta, volverá a reanudar sus trabajos. La previsión, según diversas fuentes consultadas, es que el dictamen en la comisión parlamentaria esté listo en la primera quincena del mes de julio.

Pleno extraordinario tras la Diada

A partir de ese momento, se solicitará un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, que tendrá 30 días naturales para dar luz verde al proyecto de ley, en función de si casa o no con el artículo 122 del Estatut, que hace referencia a las consultas a la ciudadanía, salvo lo que apunta el artículo 149.1.32 de la Constitución, que señala como competencia exclusiva del Gobierno central los referéndums.

Con las necesarias enmiendas al texto, el Parlament podrían pronunciarse sobre la ley en un pleno extraordinario justo después de la Diada del 11 de septiembre. Ese es el calendario previsto, teniendo en cuenta que el nuevo periodo de sesiones, tras el verano, se inicia con el debate de política general, en la tercera semana de septiembre.

Una vez aprobada la ley, en esos días posteriores a la Diada Nacional de Catalunya, que estará protagonizada por una nueva demostración del movimiento independentista, el President Artur Mas podría firmar el decreto de convocatoria de la consulta, para el 9 de noviembre.

La celeridad de Rajoy

Y la vigencia de esa convocatoria dependerá de la celeridad del Gobierno central para impugnarla. El Presidente Rajoy podría convocar un consejo de ministros sólo para esa cuestión. La mera impugnación, implica la suspensión de la convocatoria, que estudiará el Tribunal Constitucional. Y eso se podría producir sólo 48 horas después a la firma del decreto por parte de Mas, según las mismas fuentes jurídicas y parlamentarias.

Todo eso lo sabe el Govern de CiU. Pero está dispuesto a seguir adelante, sabiendo que será un final abrupto.

A la espera del ascenso de ERC

En el debate de política general es cuando Mas podría pactar –se comprometió a ello en una sesión de control en el Parlament hace unos meses– con las fuerzas políticas favorables al derecho a decidir, –CiU, ERC, ICV y la CUP– si convoca elecciones al Parlament, o se decide esperar y buscar el mejor momento electoral a lo largo de 2015, o, incluso, en 2016.

Este guión, sin embargo, está sujeto a las negociaciones políticas que se puedan establecer a partir de este lunes, cuando Rajoy y Mas, también el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sepan con qué apoyos pueden contar. Y, claro, cuando todos comprueben si los electores catalanes han ascendido o no a Esquerra Republicana a la primera fuerza política en Catalunya.

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