Montoro esperará a saber cómo Mas recortará la Generalitat para autorizar el déficit

stop

CONSEJO DE MINISTROS

21 de junio de 2013 (16:52 CET)

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), esperará a que Artur Mas (CiU) defina cómo recortará la Generalitat antes de fijar el déficit a la carta. Este viernes el Consejo de Ministros ha presentado el informe relativo a la reforma de las administraciones públicas.

El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell (CiU), tendrá más o menos oxígeno en función del grado de cumplimiento del documento. Madrid señala el voluntarismo de las medidas, pero las autonomías que hagan los deberes tendrán premio.

Si siguen la senda al unísono, el ahorro presupuestario ascenderá a 6.500 millones en cuatro años. Además, ciudadanos y empresas dejarán de gastar 16.300 millones por la simplificación de trámites. “Por cada euro que ahorra la administración, el sector privado salvará tres”, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP).

Duplicidades

El objetivo es reducir duplicidades y adelgazar el Estado. El plan sugiere la supresión de figuras repetidas, como los defensores del pueblo, los tribunales de cuentas o las agencias de consumo. Se trata de entidades arraigadas, por lo que se espera resistencia, no sólo en Catalunya, sino en Andalucía y País Vasco, entre otras.

Santamaría, sin embargo, confía en la colaboración de los gobiernos autonómicos. “Les daré un ejemplo –ha dicho—: las comunidades cerraron 535 empresas el año pasado. Más de lo que se les pidió”.

Montoro, que remarca la voluntad negociadora del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP), ata la reforma de las administraciones a las negociaciones por el déficit a la carta. “Fijaremos el objetivo conjunto en julio, pero esperaremos a que las autonomías incluyan en sus planes financieros las propuestas [para reducir entidades] antes de autorizar más gasto”.

El ministro asegura que no habrá retrasos. La elaboración de esa memoria económica era un paso previsto, según ha aclarado.

Así funciona el plan

Santamaría ha explicado el funcionamiento del plan. Si Catalunya, o cualquier otra comunidad, no quiere renunciar al Síndic de Greuges, por ejemplo, deberá adaptar los costes a los calculados por el Estado en función de la figura equivalente. En este caso, el Defensor del Pueblo.

Un recurso ante ese organismo cuesta al erario 400 euros, contra prácticamente el doble de lo que calcula la Generalitat, según datos difundidos este viernes. Los casos detectados apuntan a otros organismos. “Hay comunidades que pagan a empresas privadas por datos meteorológicos. La Agencia Estatal de Meteorología se los cederá gustosamente a coste cero”.

Se estimula que “podamos hacer política de país todos juntos y que nos pongamos compromisos de resultados”, remarca la vicepresidenta.

Sin impacto laboral

De hecho, la primera medida concreta es nombrar una suerte de supervisora, con rango de secretaria de Estado, aunque sin sueldo, para fiscalizar el grado de cumplimiento de la reforma. El encargo ha recaído sobre Angelines Trigo, que cada tres meses presentará los informes pertinentes.

Santamaría espera que el despliegue del plan genere un impacto nulo sobre el empleo público. Los funcionarios que trabajen en los organismos de los que se prescinda se reubicarán en otros. La administración no repone las vacantes que se generan desde la llegada del Partido Popular a Moncloa.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad