Los mossos reciben consignas de acatar la legalidad del “momento”
Los mossos reclaman directrices claras y por escrito sobre su actuación el 1 de octubre
Ante el referéndum que Carles Puigdemont ha anunciado para el 1 de octubre, desde la cúpula uniformada de los Mossos d’Esquadra se están lanzando dos consignas a los agentes: obediencia al mando superior y acatar la “legalidad vigente en aquel momento”, según indican fuentes del cuerpo. Estas consignas, verbales, nunca por escrito, no aclaran cual será la actuación de la policía catalana, en el sentido de si facilitarán o impedirán la apertura de los colegios electorales.
El concepto de legalidad vigente está claro para todos los agentes. No obstante, la legalidad vigente “en aquel momento” genera dudas. Si Junts pel sí y la CUP aprueban la ley de transitoriedad política, los mossos deberán elegir entre la legalidad constitucional y la supuesta legalidad catalana.
Referémdum: la ANC propone cambiar la ley de Mossos para que escapen del control constitucional
Un informe de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) propone que, aprovechando la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, se modifique la ley de los Mossos d’Esquadra de 1983 que establece el cumplimiento de la Constitución. Se pretende que se elimine tal exigencia, de manera que los Mossos se puedan acoger a las nuevas normas que emanen del parlamento catalán.
Exigen órdenes por escrito
Estas consignas verbales no llegan a todos los mossos. Valentí Anadón, portavoz del sindicato policial SAP-UGT, indica que no tienen constancia de estas directrices verbales, pero subraya que cualquier orden sobre la actuación en el 1-O deberá darse por escrito. Otras fuentes sindicales reiteran que sólo cumplirán órdenes escritas.
El consejo de Interior, Joaquim Forn, y el director de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, mantendrán este miércoles su primera reunión con la cúpula de la policía catalana. Más tarde se reunirán con el gabinete de coordinación antiterrorista. Forn substituyó el viernes a Jordi Jane y, dos días después, Soler hizo lo propio con Albert Batlle, que dimitió alegando motivos políticos. Batlle siempre defendió que los agentes estaban para hacer cumplir la ley.
