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Puigdemont coloca al frente de los Mossos a duros independentistas que ponen en juego a todo el cuerpo, y lleva a Rajoy a valorar cuándo intervenir

Manel Manchón

Economía Digital

El consejero de Interior, Joaquim Forn, responsable de los Mossos, saluda al presidente Carles Puigdemont. / EFE/Andreu Dalmau

Barcelona, 18 de julio de 2017 (05:55 CET)

Ha llegado el momento. Es lo que quería el Govern que preside Carles Puigdemont. Los Mossos d’Esquadra serán determinantes en la recta final del proceso soberanista. Puigdemont ha lanzado su ofensiva, y ha colocado al frente de la policía autonómica a independentistas convencidos. Ante eso, el Gobierno de Mariano Rajoy espera el momento para intervenir, si es preciso. La guerra se ha iniciado, una guerra de declaraciones, de anuncios, por el control de los Mossos.

Puigdemont ha lanzado la última provocación, al situar a Pere Soler como director general de los Mossos d’Esquadra tras la dimisión de Albert Batlle.

Las diferencias son claras. Si Batlle ha afirmado en los últimos meses que la policía autonómica respetaría las órdenes judiciales, y que atendería en todo momento la ley, de cara a la celebración del referéndum del 1 de octubre, siguiendo a su consejero de Interior, Jordi Jané, el nuevo tándem elegido por Puigdemont no asegura nada de lo anterior.

Ni Forn ni Soler aseguran que los Mossos d'Esquadra respetarán la ley

Ni el nuevo consejero, Joaquim Forn, un independentista que organizó la campaña Freedom for Catalonia durante los Juegos Olímpicos de 1992, con su amigo Oriol Pujol Ferrusola, ni Pere Soler, están por la labor. Los sindicatos policiales han pedido que se respete su independencia, y que no se fuerce en ningún momento su profesionalidad –los Mossos actúan como policía judicial—y la oposición ha cargado duramente contra los dos nombramientos.

Fuentes conocedoras de las interioridades de los Mossos aseguran que la figura determinante es Josep Lluís Trapero, el máximo cargo uniformado. Pese a su buena relación con Carles Puigdemont y Artur Mas, y su participación en una fiesta en Cadaqués, el pasado verano, con los altos cargos de la Generalitat, además de con algunas piezas básicas del independentismo, como Pilar Rahola, a Trapero se le considera “un hombre responsable, serio, que no pondrá en peligro en ningún momento a los miembros del cuerpo”.

Pero lo que ha querido, por ahora, presentar el Gobierno de Puigdemont es una carta de enorme importancia simbólica: dos independentistas al frente de los Mossos, con comentarios que no admiten dudas, especialmente en el caso de Pere Soler, en su cuenta de Twitter. Se trata de un mensaje al Gobierno de Rajoy, para que caiga en una cierta trampa.

Puigdemont tiende una trampa a Rajoy para que asuma cuanto antes competencias autonómicas

El Ejecutivo del PP no quiere tomar decisiones antes de hora. Pero se ha dado cuenta del peligro. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría calificó de “muy grave” los nombramientos de Puigdemont, y aseguró que se aplicará la ley, antes o después del referéndum. Con ello abrió, por primera vez, el camino a que la consulta se puede celebrar, aunque, en ningún caso, se tratará de un referéndum, y no tendrá ninguna validez.

El Gobierno valora, desde hace meses, como hacerse con el control de los Mossos, si se ve en la necesidad. Y lo que pretende Puigdemont es que lo haga de forma precipitada, y antes de que se haya tomado alguna decisión. Es decir, es un capote que le echa Puigdemont a Rajoy.

Una de las posibilidades que tiene el Gobierno es aplicar la ley de seguridad, que permite, en colaboración con las comunidades –esa es la paradoja—controlar las policías autonómicas. Por ahora esa idea queda lejos, pero Puigdemont trata de que se acerque, para, tras esa reacción del Ejecutivo, plantear otra acción, basada en el victimismo.

El Gobierno catalán busca el conflicto de forma descarada con el Ejecutivo español

Los Mossos, por tanto, se han situado en el centro del conflicto. Los ha colocado en la diana, por parte del gobierno de Puigdemont, mientras las entidades soberanistas recuerdan que tienen respuestas al problema de los profesionales autonómicos. Y es que en un informe de la ANC se propone que, aprovechando la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, se modifique la ley de los Mossos d’Esquadra que establece el cumplimiento de la Constitución. Se pretende que se “suprima” esa exigencia, y que los Mossos se acojan a las nuevas leyes que emanarán del Parlament.

La guerra se ha iniciado. Una guerra de nervios, de advertencias, que, por ahora, no se concretará en algo tangible hasta que el gobierno de Puigdemont no apruebe la ley del referéndum y comience a aplicar todos los pasos para la celebración de la consulta. Este mismo martes, el Consell Executiu tiene la intención de aprobar la compra de las urnas.

El conflicto político se intensifica y corre ya el reloj hacia el 1 de octubre.

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