Pedro Sánchez y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. EFE/Kiko Huesca

Sánchez aprueba al fin el hachazo de 2.000M a bancos y tecnológicas

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El Consejo de Ministros planea aprobar este martes los nuevos impuestos sobre servicios digitales y transacciones financieras

Madrid, 18 de febrero de 2020 (04:55 CET)

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes dos nuevos impuestos, a las transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales. Dos gravámenes conocidos como tasas Tobin y Google que serán implementados en el nuevo sistema fiscal del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En conjunto, más de 2.000 millones de euros de recaudación. 

Estos nunca llegaron a ponerse en marcha ya que, aunque fueron aprobados hace justo un año, su tramitación quedó paralizada ante la convocatoria de las elecciones generales que finalmente tuvieron lugar en abril y se repitieron en noviembre.

Con su aplicacióm, el Gobierno conseguirá unos suculentos ingresos extraordinarios para el presente ejercicio. Los cálculos indican que solo con la tasa Tobin se podrían recaudar unos 850 millones de euros, mientras que con el nuevo impuesto a las multinacionales tecnológicas se espera recaudar otros 1.200 millones.

Tasa Tobin: el impuesto a las transacciones financieras

A través de este impuesto se gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas que tengan una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Se trata, por tanto, de un impuesto a la banca y no a los consumidores, aunque las entidades extenderán a sus clientes el pago en forma de comisiones. 

En este sentido, el Ministerio de Hacienda publicará cada año el listado de empresas que están sujetas a este impuesto. Los bancos, por su parte, serán los encargados de su liquidación sin tener en cuenta la residencia de las entidades que intervengan. 

Tendrá como base imponible el importe de la contraprestación y no incluirá otros gastos asociados. Tampoco estarán sujetas a este impuesto operaciones como las salidas a Bolsa, las reeestructuraciones empresariales, las cesiones de carácter temporal o aquellas que se acometan entre sociedades del mismo grupo.

Aunque en un primer momento el Gobierno anunció que se recaudarían 850 millones, entidades como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cifró hace unas semanas el montante total entre 420 y 850 millones.

Una vez aprobada por el Consejo de Ministros se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tres meses después entrará en vigor y la recaudación servirá para financiar las pensiones, cuya revalorización fue una de las primeras medidas del Ejecutivo de Sánchez. 

Tasa Google: un gravamen a las multinaciones tecnológicas

La aplicación de esta medida había quedado en el aire tras las presiones ejercidas por el presidente de EEUU, Donald Trump, en los últimos meses, tratando de impedir una ley que gravaría especialmente a compañías como Facebook, Amazon o la propia Google. De esta forma, el impuesto establece un tipo del 3% para aquellos ingresos generados por publicidad dirigida, es decir, aquella que se sirve de los datos personales de los consumidores para orientar los anuncios en función del receptor. 

También por los servicios de intermediación online y la venta de datos obtenidos por parte de las tecnológicas. Con estos parámetros, la recaudación afectará a aquellas compañías que tengan al menos 750 millones de euros de capitalización e ingresos en España superiores a tres millones de euros. 

No se aplicará sobre el comercio electrónico que no utilice intermediarios, y se liquidará cada tres meses. El devengo se obtendrá a partir de cada prestación de servicios sujeta al impuesto. 

El Ejecutivo espera conseguir 1.200 millones anuales adicionales, aunque la AIReF también rebajó sus perspectivas hasta una horquilla de entre 546 y 968 millones de euros. 

Multas millonarias para los que incumplan la tasa Google

Para aquellas compañías que falseen la ubicación de sus usuarios u oculten la dirección del Protoco de Internet (IP), se les aplicará una sanción de hasta el 0,5% de la cifra de negocio del año natural anterior. En este sentido, el acuerdo alcanzado el pasado enero por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permite gravar a aquellas multinacionales donde se encuentren sus clientes, aunque no tengan presencia física. 

La Comisión Europea, que también trabaja en incorporar este impuesto en todos los países comunitarios, prevé que se recauden 6.000 millones anuales con un impuesto común, mientras que EEUU amenaza con aranceles de hasta el 25% sobre importaciones europeas en un intento de impedir que finalmente se lleve a cabo este gravamen. Las presiones ya surtieron efecto con Francia, que paralizó a finales de enero la activación de su propia tasa Google. 

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