Puigdemont aumenta la presión sobre ERC con el tercer grado
Asociaciones de juristas independentistas reclaman la medida en lugar del segundo grado que propusieron las juntas de tratamiento de las prisiones
La campaña para que la Generalitat conceda el tercer grado a los presos independentistas continua. Ahora, son varias las asociaciones de juristas las que reclaman ese régimen de semilibertad para los nueve condenados en el juicio del procés. Y lo hacen con el apoyo explícito de Carles Puigdemont, interesado en que los dirigentes de ERC con responsabilidades penitenciarias en la Generalitat fuercen la situación.
En un comunicado difundido este martes, la llamada Coordinadora de la Abogacía de Cataluña, una asociación de abogados soberanistas, recuerda a la Generalitat que tiene asignada la competencia en materia penitenciaria, que el artículo 25.2 de la Constitución dice que «las penas privativas de libertad (…) estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social» y que la ley prevé la posibilidad de acceder directamente al tercer grado, que permite pasar el día fuera y volver a la cárcel solo a dormir, sin necesidad de haber cumplido una cuarta parte de la condena.
Por todo ello, la entidad reclama al gobierno catalán que se decante por esa fórmula y no por la del segundo grado, que es la que recomendaron las juntas de tratamiento de Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses, los tres centros penitenciarios en los que están recluidos los condenados.
‼️COMUNICAT‼️
DEMANEM EL #TERCERGRAUJA ALS MEMBRES DEL GOVERN DE CATALUNYA, A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENT I ALS LÍDERS SOCIALS EMPRESONATS pic.twitter.com/AniMgQQpBU— 🎗La Coordinadora🎗 (@AdvoCATsPerCAT) December 24, 2019
A la petición se han adherido otras cinco asociaciones de juristas del ámbito soberanista: Drets, Atenas-Juristes pels Drets Civils, el Comité René Cassin, Juristes pels Drets Humans del Maresme y l’Associció d’Advocats d’Osona per la Defensa dels Drets Humans.
Pulso entre JxCat y ERC
La reclamación llega un día después de que la propia portavoz del gobierno catalán, la también consellera de Presidencia Meritxell Budó, de JxCat, presionara abiertamente a la secretaría de Medidas Penales de la propia Generalitat para que se decante por la opción del tercer grado.
De fondo, vuelve a haber un pulso entre los dos socios del govern, JxCat y ERC, que es de quien depende el departamento de Justicia y, en consecuencia, la secretaría que tiene la última palabra sobre la calificación de los presos. El 11 de diciembre, las juntas de tratamiento de las tres prisiones se decantaron por recomendar el segundo grado, pese a que la decisión no se tomó por unanimidad. Desde esa fecha, la secretaría de Medidas Penales tiene dos meses para tomar una decisión, que podría ser recurrida por la fiscalía ante el Tribunal Supremo.
El lunes, Budó consideró que la sentencia de la justicia europea que falló a favor de la inmunidad de Oriol Junqueras todavía no estaba sobre la mesa cuando que las juntas de tratamiento emitieron su dictamen, y la consideró un factor que debería tenerse en cuenta a la hora de tomar la decisión definitiva.
Los abogados de los presos de JxCat habían solicitado para sus defendidos el tercer grado, mientras que en ERC apostaban por el segundo, que también podria dar pie a la semilibertad por otra vía, la del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que prevé una flexibilización de las condiciones similar. La diferencia es que un eventual recurso de la fiscalía contra el tercer grado comportaría la suspensión cautelar del mismo, un escenario que no se daría en caso de un recurso contra el segundo.
